Moyano empieza a hacerse escuchar


Sin cláusula gatillo en las paritarias, los salarios no recuperarán lo perdido. Es la decisión más desafiante con la que el gobierno de Alberto Fernández encara el reto de la inflación.


Sin cláusula gatillo en las paritarias, los salarios no recuperarán lo perdido. Es la decisión más desafiante -o una de ellas, si se considera además la movilidad de las jubilaciones- con la que el gobierno encara el reto de la inflación, que en 2019 ranqueó tercera en el mundo. Si lo dejaban, Macri no lo hubiera hecho mejor: era habitual en los años del Pro escuchar a funcionarios de la jefatura de Gabinete cuestionar en privado a los empresarios por la supuesta facilidad con que abrían la mano a la hora de negociar salarios. La saga muestra una curiosa intersección entre las concepciones de uno y otro pensamiento sobre el fenómeno de la inflación. Debate para técnicos.

Otra muestra de solidaridad, ahora de los gremios peronistas. En definitiva, también es el gobierno de ellos, como les anticipó el presidente (igual que a gobernadores y organizaciones sociales). Por lo que trascendió, la propuesta es postergar la discusión salarial e ir llevándola con sumas fijas como las ya implementadas por la vía de decreto ($ 4.000 para privados y para estatales con salarios inferiores a $ 60.000, en dos pagos en ambos casos) hasta bien entrado el primer semestre.

Martín Guzmán advirtió repetidamente que lo que tenga para decir lo dirá por escrito y nadie sabe qué inflación está proyectando el ministro de Economía para ese período. Hugo Moyano, que lidera la Federación de Camioneros, no ha mostrado dificultades con la oralidad: en la última reunión con las Cámaras en el Ministerio de Trabajo, el miércoles, la organización volvió a reclamar un 33% de aumento para la primera mitad del año y se despegó de cualquier acuerdo al que haya llegado la CGT. Las empresas lo rechazaron. El último relevamiento de expectativas del mercado del Banco Central estimó un 42,2% de inflación para todo el año. Pero la verdad nunca está en los extremos.

Medida de su fracaso económico, Macri cerró su ciclo con un 300 por ciento de inflación, en los niveles anuales más altos desde la salida de la convertibilidad. Pero la inflación de dos dígitos persevera en la Argentina desde el 2005, cuando anotó un 12,3%. La serie histórica muestra que apenas en 14 de los últimos 80 años la inflación fue inferior a un dígito. Y nueve de esos 14 años fueron consecutivos, bajo el régimen del 1 a 1. La agenda económica argentina no varía sustancialmente en el tiempo. Una triste constatación de que aquí discutimos siempre las mismas cosas es que la inflación del año pasado (53,8%) está en el promedio anual desde 1935, como recordó el economista Roberto Cachanosky en Infobae.


En la última reunión con las Cámaras en el Ministerio de Trabajo, el miércoles, la organización volvió a reclamar un 33% de aumento para la primera mitad del año para el sector.


La negociación de la deuda pública se inscribe en la misma secuencia. La Argentina suma ocho defaults en su historia, desde 1827 hasta el 2014 (al menos una parte de la deuda permaneció defaulteada 14 años, entre el 2002 y abril de 2016, año en el que el gobierno de Macri les pagó a los fondos buitre). Axel Kicillof coquetea con llevar a Buenos Aires a una cesación de pagos con su propuesta de diferir por el vencimiento de un bono por 250 millones de dólares, emitido durante la gestión de Daniel Scioli, que vence el jueves próximo. Es una porción insignificante de la deuda de la provincia, que alcanza a unos US$ 12.000 millones.

No es sencillo interpretar qué se propone Kicillof. Admitió que será difícil reunir un 75% de los acreedores que aprueben su propuesta, como exige una cláusula de acción colectiva para renegociar la deuda. Su ministro de Hacienda dijo sin embargo ayer que se está en “conversaciones constructivas” con un porcentaje mayor. ¿La estrategia de la provincia ha sido coordinada con la Nación, que negocia en dos frentes, con los acreedores privados y el FMI sus propios compromisos? ¿O se trata por el contrario de un problema de descoordinación con la estrategia del ministro Guzmán?

Fernández ha mostrado una actitud kirchnerista en sentido estricto en materia de finanzas. La ley de emergencia la ha permitido disponer de más de US$ 4.500 de reservas para el pago de compromisos. Como Kirchner, quien desde sus primeros años en la gestión pública no toleraba tener deudas, Fernández se reveló como pagador. Ha puesto una fecha para alcanzar un acuerdo: 31 de marzo.


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