Se informó pero no se consultó
Raúl Podestá *
Lo primero que sostuvimos cuando ingresó a Legislatura la iniciativa de modificación a la ley 2780, enviada por el Poder Ejecutivo, es que debíamos tener tiempo suficiente para analizarla. El manejo del bosque es un tema de resolución muy técnica por un lado, reservado a las personas que inciden en dicho aspecto, así como el del espacio en sí mismo por otro lado. Ningún diputado está en condiciones de aprobar o rechazar un cambio a la ley de Bosques solamente leyendo lo que dice la propuesta.
Necesitamos conocer qué es lo que pretende el Ejecutivo con la modificación y lo que opinan las organizaciones ambientales, los Consejos Consultivos, los técnicos del sector y las comunidades; es decir, contar con todos los elementos para ver si los cambios que se impulsan son adecuados. Es por eso que algunos diputados dijimos que nos teníamos que tomar el tiempo necesario para su análisis, que ya no teníamos en esta gestión, porque finalizábamos el mandato en pocos días. Era imprescindible correr el debate para la próxima gestión legislativa a fin de escuchar a todos los sectores.
Eso no fue atendido y como el Ejecutivo demostró tener la intención de sancionarlo a como diera lugar, nos pusimos en contacto con las organizaciones de diferentes zonas, otros referentes afectados por las modificaciones o con opinión autorizada y con las comunidades mapuches.
En particular, las comunidades mapuches se ven sensible y doblemente impactadas por los cambios, por las zonas que han variado en sentido negativo o positivo.
En el caso del cerro Chapelco, pasando a categoría de verde una zona que figuraba en rojo, para hacerla proclive al desarrollo inmobiliario y desprotegiendo el bosque. Por otro lado zonas de bosque, que con el cambio propuesto se pintaron de rojo y son usadas habitualmente por las comunidades mapuches y criollos para la veranda de sus animales, como en Catan Lil, El Arco o áreas cercanas a Caviahue Copahue.
Hay una obligación establecida en los acuerdos a los que ha suscripto el Estado argentino y que son mandas constitucionales; es muy grave que no se haya hecho la consulta y consentimiento previo, libre e informado previsto en convenios internacionales, para avanzar sobre el ordenamiento territorial del bosque nativo en los territorios comunitarios.
No contábamos con los elementos necesarios para aprobar la iniciativa del gobernador Gutiérrez y se sumó que ni siquiera la Provincia había cumplido con todos los pasos necesarios para presentar el proyecto. Los talleres realizados tuvieron por lo que pudimos observar un carácter meramente informativo y la ley los contempla para consultar la opinión de quienes participan de ellos; si no fuera así con hacer una simple comunicación pública sería suficiente.
El espíritu de la norma está orientado a que la provincia consulte antes de llevar adelante cambios, e incorpore como insumos las observaciones recogidas, cosa que no se hizo. De la única reunión de la Comisión de Ambiente de Legislatura que se llegó a hacer surgió claramente que dichos talleres dieron como resultado una opinión negativa respecto a las modificaciones que se proponían, faltaba el consentimiento de las comunidades, ya apuntado, y se dio a conocer una nota enviada desde la Dirección de Bosques de la Nación en la que se le reclamaba a la provincia dar cumplimiento a todos los requisitos previos antes de presentar el proyecto.
El Poder Ejecutivo provincial debe respetar el espíritu de las leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos, sancionada en el 2007, y de la ley de Neuquén que establece los principios rectores para el Ordenamiento Territorial de dichos bosques, así como la conservación de sus servicios ambientales y su uso sustentable. Hay elementos centrales de la ley 2780 que no fueron respetados, uno de ellos es la progresividad: no puede ser regresiva, si una zona tiene restricciones las mismas no deben ser levantadas, y ejemplo de esto es lo que se intenta hacer con los cambios en cerro Chapelco.
Lo que busca la provincia del Neuquén con esta ley es poder resolver un problema jurídico que tiene, sin respetar el espíritu de la ley, que lo primero que protege es el desarrollo del ambiente con sustentabilidad.
Cuando se produce una modificación a esta ley hay que considerar diez puntos, de los cuales ocho son de preservación del bosque; y acá solo se tiene en cuenta lo jurídico. Allí radica el conflicto y el apremio para sacar el cambio de la ley sin contar con el consenso de todos los actores involucrados.
*Diputado provincial por el Frente Grande
Raúl Podestá *
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