Un tema de salud pública

La primera semana de actividad del nuevo gobierno estuvo centrada en temas de organización y la agenda social y económica, a tono con las promesas de campaña y la realidad del país. Sin embargo, fue en Salud donde las decisiones le generaron polémicas y planteos de los sectores religiosos más conservadores, debido al nuevo protocolo para la interrupción legal del embarazo (ILE).

En realidad se trató de la reposición, con modificaciones menores, de un decreto ya emitido por el ministro de Salud del gobierno de Cambiemos, que luego fue anulado por el expresidente Mauricio Macri. El retroceso fue interpretado como un gesto para fidelizar a votantes “celestes”, importantes para la remontada parcial del oficialismo en las elecciones.

La más combativa con el nuevo protocolo fue la Iglesia católica, que acusó al gobierno de “instalar el aborto libre en Argentina” mediante una resolución administrativa y “obligar a las provincias a que se adhieran”, “evitando todo tipo de discusión y debate democrático”. Esta postura fue repetida por dirigentes políticos y legisladores que en el 2018 estuvieron en contra del proyecto de ley de aborto legal, que fue aprobado en Diputados y rechazado por el Senado.

Sin embargo, la mayoría de los expertos en salud no se explican tamaña reacción. Explicaron que solo se trata de una actualización del protocolo nacional ya aprobado en 2015 y que con adhesión directa o fórmulas propias se aplica ya en 17 provincias. De lo que se trata es, simplemente, de optimizar procedimientos y guías para que los equipos de salud de todo el país puedan cumplir con la interrupción del embarazo en los casos ya contemplados en el marco jurídico vigente. Desde 1921 están en el artículo 86 del Código Penal cuando está “en riesgo la vida de la madre” o cuando la gestación es “producto de violación a una mujer idiota o demente”.

Un fallo de la Corte Suprema de 2012 reinterpretó estas causales, amplió la ILE a toda mujer víctima de un abuso sexual e incorporó garantías de acceso a la interrupción legal del embarazo según tratados de derechos humanos integrados a la Constitución nacional en la reforma de 1994. Y en 2015 se añadieron las modificaciones en el Código Civil. De hecho, la Organización Mundial de la Salud actualiza periódicamente la guía de atención del aborto, con nuevos estándares clínicos y recomendaciones para su atención.

La razón es sencilla: desde 1921, 2012 e incluso desde el anterior protocolo de 2015, los avances médicos y farmacológicos abren nuevas posibilidades para hacer más segura y ágil esta práctica, por lo tanto los cuerpos médicos deben contar con adecuadas herramientas técnicas y legales para poder aplicarlas y garantizar los derechos de la población. De hecho, en ninguna de las jurisdicciones donde se aplicó se produjo la “explosión de abortos” vaticinada por sus detractores.

El decreto tiene como principios rectores la autonomía personal, la transparencia en la actuación de los profesionales de la salud, la accesibilidad al servicio, evita judicializar los casos y la confidencialidad, privacidad y celeridad de las prácticas. No fija límite de edad gestacional, establece el consentimiento informado para que niñas y adolescentes puedan acceder a la ILE y establece que la objeción de conciencia es individual, no institucional. Para el caso de violación no requiere de denuncia formal.

El protocolo nacional obligará a varias provincias, incluida Neuquén, a actualizar sus disposiciones en el tema. Río Negro dice que no deberá cambiar su ley, ya que estos principios ya estarían contemplados. En realidad, está destinado principalmente a varias jurisdicciones del país donde las constantes trabas de funcionarios judiciales, médicos y del Ejecutivo han bloqueado este derecho garantizado por ley, afectando negativamente la vida de niñas y mujeres.

Por eso, es deshonesto y confunde mezclar el protocolo de la ILE, una aplicación de políticas de salud pública ya establecidas, con el debate sobre la legalización o despenalización del aborto, que seguramente volverá a darse el año próximo en el Congreso, en el que podrán participar todos los sectores y exponer sus argumentos y razones, como en 2018.