Los pilares del plan económico de Alberto Fernández
El plan que trae entre manos el nuevo gobierno tiene como principal premisa la reactivación. Ecuación fiscal, emisión monetaria y re estructuración de deuda. El detalle sobre las variables que darán sustento al programa.
“¿Si tenés un problema porque estás muy endeudado, creés que la solución es seguir endeudándose? No es la solución. Una de las primeras reglas que tenemos que tener, es dejar de pedir dinero”. Así se refirió Alberto Fernández esta semana a la posibilidad de que Argentina intente reflotar el acuerdo con el FMI, caído desde el mes de septiembre.
Toda una definición a diez días de la asunción del nuevo gobierno, y cuando aun no existen precisiones respecto a los nombres que conformarán el flamante gabinete.
Significa entre otras cosas, que a diferencia del programa aplicado durante el macrismo, el nuevo mandatario no utilizará la deuda en dólares para financiar los déficit en pesos. Una ecuación volvió a demostrarse explosiva y gravosa para la sustentabilidad a largo plazo. Implica además que Fernández no está dispuesto a aceptar condicionamientos respecto a la política económica desde a aplicar desde el 10 de diciembre, y que buscará por todos los medios esquivar las reformas estructurales que desde hace tiempo exige el organismo multilateral, en especial las referidas a la edad jubilatoria y a la flexibilización laboral.
La primera certeza respecto al programa que llevará a cabo Fernández, la economía volverá a estar atada a la política, y no al revés.
En esa dirección, el Presidente electo cuenta a favor con que el grueso de los vencimientos de capital con el FMI operan en 2022 y 2023. El razonamiento es: ‘no pido más plata, no acepto condicionamientos’. El problema pasa a estar entonces del lado del acreedor, que necesita imperiosamente que a la Argentina le vaya bien durante los dos primeros años del nuevo gobierno, y logre la capacidad de devolver en tiempo récord la suma sideral que el organismo otorgó en solo 14 meses al gobierno de Macri, a fin de sostenerlo políticamente en busca de una reelección que nunca llegó.
Cuando finalmente parece estar definido que el economista Matías Kulfas será el conductor de la cartera de Hacienda, hay dos cosas que ya están claras en relación al perfil de la gestión que iniciará este mes.
La primera es que en la relación de causalidad para la toma de decisiones, la economía volverá a estar atada a la política, y no al revés. En la concepción de Alberto Fernández, las medidas adoptadas en materia económica deben ser vehículos para alcanzar los objetivos trazados políticamente, y no un fin en sí mismas. La segunda certeza, es que la tónica del nuevo programa económico será productivista. Poner en marcha la capacidad ociosa que en la industria supera el 40%, recomponer el salario real y con ello el consumo, y volver a generar empleo registrado, serán los objetivos de máxima trazados ni bien comience el nuevo mandato.
Bajo tales premisas, quienes trabajan cerca del futuro Presidente, ya se animan a esbozar los pilares del programa económico de Alberto Fernández.
El diagrama que acompaña la nota resume los fundamentos de lo que puede catalogarse como un programa enfocado en el mercado interno, la producción y el trabajo nacional. No existe letra escrita, no existen nombramientos confirmados, ni ha habido una presentación oficial. No obstante, si hay señales claras, gestos, declaraciones puntuales y rumores certeros respecto al rumbo de la política.
Vale por lo tanto analizar brevemente y en detalle, lo que podrían ser las bases de la economía que viene.
La Política Fiscal será uno de los primeros pilares. El macrismo deja el poder sin haber cerrado la brecha del déficit de las cuentas públicas. Asumió en 2015 con un déficit fiscal consolidado del 5,1% del PBI, en el que el déficit primario ascendía al 3,9% y el financiero al 1,2%. Se va en 2019 heredando un rojo total del 4,5% del PBI, donde el primario llega al 1% y el financiero al 3,5%. Los números revelan que el proceso que llevo adelante el macrismo consistió en una redistribución de la carga fiscal, cuya reducción fue de apenas 0,6% del PBI y en la que los fondos que antes se aplicaban a subsidios energéticos, pasaron a utilizarse para el pago de intereses de la deuda. En resumen, la carga para el estado es muy similar, con menos dinero en el bolsillo de los habitantes del país y más dinero en el bolsillo de los inversores extranjeros. Tal es la lógica que pretende romper el nuevo gobierno. Esperan lograr que el rojo primario se sostenga en torno al 1% del PBI, y reducir la carga de intereses postergando los plazos de los vencimientos. Al mismo tiempo se aplicarían aumentos salariales por decreto para todos los trabajadores registrados, se congelarían las tarifas de los servicios al menos por seis meses, lo que incrementará nuevamente el peso de los subsidios, y se buscaría un acuerdo amplio de precios. El costo fiscal extra sería financiado con una suba de la alícuota del Impuesto a los Bienes Personales que pasaría del 0,25% actual al 1,25% previo a la reforma de 2017, y con una suba de las retenciones a la exportación de granos, que volverían a ser un porcentaje del monto exportado y no una suma fija como rige hasta hoy.
En cuanto a la Política Cambiaria, nada hace pensar que pueda cambiar el súper cepo cambiario que aplicó el gobierno saliente tras las elecciones de octubre. Por el contrario, las restricciones cambiarias llegaron para quedarse. El atraso cambiario volverá a ser una de las herramientas elegidas para moderar las expectativas de precio. Muy probablemente, el dólar vuelva a quedar rezagado en 2020 frente a una inflación que Marco Lavagna, anunciado como el nuevo conductor del INDEC, acaba de pronosticar en torno al 40% para el año próximo.
Respecto a la Política Monetaria, y a tono con la intención de generar una reactivación de la inversión productiva y del consumo, el principal objetivo del nuevo equipo económico es generar las condiciones para un escenario de tasas de interés mucho más bajas. Tampoco habrá tapujos para apostar a la expansión monetaria. El fracaso de la visión ultramonetarista aplicado por Sandleris quedó a la vista luego de 17 meses de “emisión cero” que finalizarán con una inflación superior al 55%. Es el propio Macri quien decidió abandonar el corset monetario: esta semana el Banco Central (BCRA) otorgó un adelanto transitorio al Tesoro Nacional por $20.000 millones. La receta continuará en el próximo gobierno. De forma indirecta, la emisión llegará de la mano de la cancelación de las Leliq y de la compra de divisas que el BCRA realice como contrapartida del superávit comercial. De forma directa, no dudarán en apelar a los adelantos transitorios para financiar parte del rojo fiscal.
La Reestructuración de la Deuda será un capítulo central del programa económico. Persiste la idea de buscar con los acreedores privados un acuerdo amigable, sin quita de capital, postergando vencimientos y renegociando la tasa. Del éxito de esa negociación depende gran parte del aire fiscal que pueda tener el programa productivista.
Alberto Fernández lo repite como un mantra: “queremos pagar, déjennos crecer y generar los recursos necesarios”.
Respecto a la Renegociación con el FMI se suma a lo antedicho que el nuevo equipo económico buscará consensuar metas cuantitativas alcanzables a corto plazo, y planificar el tenor de las reformas estructurales en el largo plazo y sin condicionamientos.
Por último, Vaca Muerta será un punto clave del plan económico que viene. Los técnicos que trabajan cerca de Alberto Fernández entienden que el reservorio de shale de la cuenca neuquina puede romper la hegemonía de la Pampa Húmeda en relación a la generación de divisas. Para ello, ya trabajan en un proyecto de ley que sería ingresado al Congreso de inmediato para su tratamiento durante las sesiones extraordinarias. La iniciativa busca generar un flujo de inversiones de al menos u$s 20.000 millones en los primeros cuatro años. Para ello otorgaría a los inversores extranjeros la ‘libre disponibilidad de divisas’, tratamiento impositivo diferencial, y la posibilidad de generar convenios colectivos por empresa, salteando las restricciones que plantea la legislación laboral vigente.
En números
- 30.000
- Los millones de dólares en vencimientos de la deuda que deberá afrontar, solo en el transcurso del próximo año, el nuevo gobierno.
- 4,5%
- Será el ratio Deficit Fiscal/PBI al finalizar la actual gestión. Al asumir Macri, alcanzaba el 5,1%.
“¿Si tenés un problema porque estás muy endeudado, creés que la solución es seguir endeudándose? No es la solución. Una de las primeras reglas que tenemos que tener, es dejar de pedir dinero”. Así se refirió Alberto Fernández esta semana a la posibilidad de que Argentina intente reflotar el acuerdo con el FMI, caído desde el mes de septiembre.
Toda una definición a diez días de la asunción del nuevo gobierno, y cuando aun no existen precisiones respecto a los nombres que conformarán el flamante gabinete.
Significa entre otras cosas, que a diferencia del programa aplicado durante el macrismo, el nuevo mandatario no utilizará la deuda en dólares para financiar los déficit en pesos. Una ecuación volvió a demostrarse explosiva y gravosa para la sustentabilidad a largo plazo. Implica además que Fernández no está dispuesto a aceptar condicionamientos respecto a la política económica desde a aplicar desde el 10 de diciembre, y que buscará por todos los medios esquivar las reformas estructurales que desde hace tiempo exige el organismo multilateral, en especial las referidas a la edad jubilatoria y a la flexibilización laboral.
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