La Legislatura avanza en la estabilidad de funcionarios, parientes y cargos políticos
Ya hay una lista de 146 para ingresar a planta, que subirá 40%. Hay contratados que trabajan en otros organismos o personal permanente del Ejecutivo que va por otro lugar en el Estado.
El proceso de estabilidad laboral en marcha en la Legislatura contempla a funcionarios, cargos políticos e incluso a personal de planta del Ejecutivo.
La semana pasada, la Legislatura –como informó Río Negro– comenzó un pase a planta y estableció la cobertura de 154 vacantes. Este número proyecta una suba de casi el 40% de su estructura “permanente”, presupuestada en 380 cargos y sin considerar a los “asesores políticos”.
La resolución N° 330 de Presidencia fue publicada en el último Boletín Oficial (N° 5828) cuando ya el viernes se había iniciado la inscripción, que finalizó el mismo día de esa difusión, es decir, este lunes. Ayer se conoció la nómina de habilitados para los exámenes, programados para el martes 3, y la resolución de incorporación a la planta será el viernes 6, según el cronograma. Esta firma corresponderá a Pedro Pesatti, que tres días después dejará la presidencia del Poder en manos de Alejandro Palmieri.
Quedan algunos pasos pero, en principio, la Junta de Admisión –que conforman funcionarios de la Presidencia y miembros del gremio– excluyó a 23 candidatos, por lo cual la nómina de postulantes se redujo a 146. Estos, con 154 vacantes, no tendrían obstáculos para ingresar si, como se prevé, superan las pruebas ya programadas.
La lista de inscriptos aceptada expone cuestionamientos e interrogantes. La primera contrariedad radica en permitir y/o priorizar esta estabilidad a funcionarios, dirigentes políticos y familiares de los legisladores o de autoridades del gremio.
Falta concluir este proceso y, por eso, conviene esperar para precisar nombres. Pero en un simple repaso se detectan numerosos parientes de legisladores o de autoridades del Poder, como además, funcionarios parlamentarios o que lo serán en días con la presidencia de Palmieri. Esta situación expresa la preponderancia política de la selección. El oficialismo concentró ese reparto pero, con dispar participación, la oposición hizo su aporte.
Los habilitados llegan a contratados fuera de Viedma. El llamado sólo “exige domicilio en la provincia”. Ayer existían denuncias de inscriptos de Patagones.
Una histórica y criteriosa pauta –no escrita pero cumplida, en grandes rasgos– establecía que los cargos y asesorías políticas no participaban de los pases y así no se perpetuarían. Esta premisa se extravió.
Tampoco nada explica semejante aumento de la planta, pasando de los 8 actuales a 12 agentes por diputado, sin computar asesores de cada legislador.
La convocatoria –obviamente– plantea la estabilidad para quienes se “desempeñan” al 31 de octubre en el Poder. Por eso, menos se entiende que aparezcan “habilitados” que prestan servicios en otros organismos. Por ejemplo, adscriptas a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y, entre otros, a Lotería.
Acá una mención por su contundencia: el hoy “gerente general de Relaciones Institucionales de la Lotería, Roberto Adrián López” es contratado y está habilitado para su pase. A más prueba, el decreto N° 1376, del 7 de octubre, ratificó recientemente la “transferencia temporaria” de la Legislatura al Ejecutivo.
Sorprende también un grupo importante de personal permanente del Ejecutivo que figura para un segundo pase al Estado, ahora a la Legislatura. Se alistan –con adscripción parlamentaria– con puestos estables en Desarrollo Social, Trabajo, Agricultura y, también de empresas públicas.
¿Qué lo explica? Obviamente, la carga laboral y la remuneración. El salario medio en la Legislatura neto ronda los 78.000 pesos. Duplica –ampliamente– al rango gubernamental.
Excluidos, impugnación y Junta de Admisión
Unos 23 contratados fueron excluidos. Algunos anticiparon impugnaciones mientras piden saber las razones de sus apartamientos.
Este proceso es conducido por la Junta de Admisión, que conforman funcionarios del Poder y miembros del gremio. Se integra, en esta ocasión, por el secretario Administrativo Oscar Porro y el director de Recursos Humanos de la Legislatura, Juan Rosso , y por APEL participan integrantes de su conducción, Federico Abeiro y Richard Escales por los Técnicos y Administrativos, y por Servicios y Maestranza, respectivamente.
Un reclamo formal corresponde a un contratado no habilitado “con 12 años de antigüedad y, en forma ininterrumpida desde marzo de 2014”. Anticipa acciones legales y rechaza la lista por “maliciosa, improcedente y arbitraria”.
Estas impugnaciones deberán tener hoy una resolución por parte de la Junta.
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