La Ley del Arrepentido podría debutar en Río Negro con el juicio contra Rubén López

La situación procesal de Rubén López, exsecretario del Sindicato de la Fruta, podría complicarse en la causa que lo tiene imputado por ser presunto miembro de una asociación ilícita que desviaba fondos, tanto del gremio como de la obra social, en perjuicio de sus afiliados y en beneficio de sus intereses personales.

El exsecretario adjunto, Juan Domingo Lezcano, pidió acogerse a la Ley 27304, más conocida como Ley del Arrepentido, y en caso de avanzar, sumaría información a la causa. Se trataría del debut de esta norma en la provincia.

Este lunes, estaba agendada la audiencia de control de acusación, de cara al juicio por asociación ilícita que tiene, además de López y Lezcano, a otros cinco imputados: Juan López, hermano de Rubén, Marcelo Portiño y el exsecretario adjunto, como líderes de la asociación ilícita. Además, Marcos Bielma, Daniel Aliaga y Jaime Manquiepi están acusados de ser miembros y beneficiarios en las presuntas maniobras fraudulentas.

Carlos Fernández, abogado defensor de Lezcano, tomó por sorpresa a los defensores, incluso a Guillermo Oviedo quien patrocina al exdiputado que integraba el bloque de Juntos Somos Río Negro.

La expareja del sindicalista Silvia Weisser también iba a ser acusada pero solicitó una probation y, como no cuenta con antecedentes, le fue otorgada.

La audiencia de control de acusación debió ser suspendida, ya que los defensores alegaron que necesitarían evaluar la estrategia a seguir, tras este repentino cambio de rumbo.

No obstante, la presentación del acogido a la Ley del Arrepentido no se formalizó, y solo se trató de una expresión de intención. Luego deberá ser homologada por el juez Julio Sueldo, caso contrario la información que pudiera brindar Lezcano no tendrá valor como prueba.

Oviedo calificó de «largo y tedioso» al proceso que empezó en febrero de 2015. Uno de los imputados sufrió una internación con un cuadro grave y hubo varias prórrogas.

«Es sorpresivo, pero no para la defensa sino para el juez», sostuvo Oviedo, que tildó de «extemporáneo» al planteo que deslizó la defensa de Lezcano. «Tenía hasta el control de acusación para hacer un acuerdo, no lo hizo, y ahora en medio de la audiencia, no corresponde que sea en esta etapa del juicio», reclamó.

«Después de cinco años de investigación, con todo tipo de pericias informáticas y contables», manifestó y se preguntó: ¿Qué necesidad de acordar con un cliente tendrán, si están tan seguros del caso?», indicó.

«Queremos la nulidad de la petición para acogerse a esta figura», adelantó como una de las probabilidades más fuertes. «Fue a la audiencia y tiró la bomba, ante lo sorpresivo quedó suspendida», explicó.

Debut del Arrepentido en Río Negro

La norma, que fue promulgada en 2016, y que se hizo famosa por varias causas federales, implica la reducción de pena a cambio de que los datos aportados contribuyan al esclarecimiento del hecho investigado, o bien generen un avance significativo. También se propone ubicar las ganancias del delito cometido, indicar fuentes de financiamiento de la organización, entre otras posibilidades.

Lezcano deberá dejar todo por escrito y contar minuciosamente como participó en el delito imputado y, recién en ese contexto, podrá ser homologado el acuerdo.

Pasaría a ser considerado partícipe, en lugar de uno de los líderes de esta presunta asociación. La información de relevancia que podría aportar buscaría comprometer a otro imputado con mayor jerarquía, en este caso Rubén López. Este último es el único que no podrá acogerse a la Ley del Arrepentido, puesto que no hay nadie por encima de él para brindar información.

Radiografía del caso

La causa comenzó en febrero de 2015, y una de sus bases fue la exhaustiva investigación de Río Negro, “Los barones de la fruta”, publicada en agosto de ese año. Está a cargo de los fiscales Guillermo Merlo y Santiago Márquez Gauna y cuenta con siete imputados.

Las presuntas maniobras ilícitas ocurrieron entre 2006 y 2015, y el monto alcanzaría el millón de pesos. Se trataría de un desvío de fondos, tanto del gremio como de la obra social, en perjuicio de los afiliados y en beneficio de los intereses personales de los imputados.