Anuncios de Piñera no convencen y los disturbios llegan a los barrios ricos de Santiago
El presidente envió ayer al Congreso un proyecto para aumentar 16% el salario mínimo, mientras las protestas por reformas sociales se extendieron al centro comercial más grande de Sudamérica y cientos de automovilistas exigieron bajar los peajes. Hubo ataques a una sede de la UDI.
Las protestas sociales llegaron este miércoles al centro comercial Costanera Center, la puerta de entrada al distrito financiero y las zonas acomodadas de Santiago, hasta ahora indemnes de las manifestaciones que sacuden Chile.
Por otro lado, el presidente Sebastián Piñera anunció un incremento del 16% del salario mínimo aseguró que no tiene «nada que ocultar» frente a las denuncias de excesos policiales que se han multiplicado en estas semanas.
A dos semanas y media del estallido, cientos de personas -en su mayoría jóvenes- llegaron hasta el centro comercial, el más grande de Sudamérica y con la torre más alta de la región, para protestar por reformas sociales y en contra del gobierno.
La policía acordonó el lugar y la administración decidió cerrar las puertas después del mediodía tras evacuar a sus trabajadores. Locales comerciales aledaños resguardaron con madera y latones sus vitrinas y se vivía un ambiente de tensión en el barrio de Providencia, un sector comercial de clase media alta, a pocas cuadras del Costanera Center.
Un grupo de manifestantes se trasladó a la sede en Providencia de la Unión Democrática Independiente (UDI), el partido pinochetista que es parte de la coalición del gobierno Sebastián Piñera y comenzó a atacar la casona.
Chile y la revolución de las milanesas
Pintó el frente con palabras como «golpistas» y el símbolo anarquista, tiró abajo las rejas que protegían el lugar, forzó la puerta de entrada y sacó un televisor y muebles pequeños y los destruyó, según la Radio Cooperativa. Todas las personas que trabajan dentro de la sede partidaria fueron evacuadas antes del ataque.
En tanto, empleados de cafés, restaurantes y bancos estaban ansiosos por salir de esta zona antes de que se iniciaran los disturbios.
«Llegó la hora de llegar al oriente», el este acomodado de la capital, decía una de las convocatorias anónimas difundidas en redes sociales, en la que se explicaba que era el momento «de que el empresariado sienta el descontento del pueblo» y «las clases se unan».
La policía antimotines usó chorros de agua y gas lacrimógenos para dispersar a los manifestantes que se concentraron en varios puntos alrededor del centro comercial, un ícono del progreso económico de Santiago. En algunos sectores, también se levantaron barricadas.
«La gente está más bien triste y asustada por cómo retomar la normalidad del país», dijo Andrea Ortega, una abogada, de 43 años, que dejó su oficina para buscar a sus hijos antes de la hora habitual por miedo a los disturbios.
Para Arturo Donoso, un padre de 40 años «es triste ver al país así. La ciudad está apagada, y yo creo que todos entendemos que hay una demanda justa, no porque vivamos aquí no lo sabemos».
Las protestas sociales, que estallaron el 18 de octubre, han tenido como principal escenario el centro de Santiago, con manifestaciones -algunas violentas- casi a diario delante del palacio presidencial y en los alrededores de la Plaza Italia.
Para este miércoles también llamaron a protestar hasta la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de las Naciones Unidas, cuya sede en la exclusiva comuna de Vitacura representa uno de los mayores íconos arquitectónicos de la ciudad y en cuyos alrededores también se emplazan la sede regional de la FAO y la OIT. Por precaución, la Cepal liberó temprano a sus funcionarios.
"Nada que ocultar"
Junto con las protestas, crecen las denuncias sobre abusos a los derechos humanos por parte de las fuerzas del orden.
El martes, dos estudiantes de secundaria resultaron heridas con perdigones disparados por policías que ingresaron a su liceo. Uno de ellos fue detenido este miércoles y se le imputará el delito de apremios ilegítimo, informaron medios locales.
La Fiscalía informó que 14 policías serán acusados por «tortura» contra dos personas, uno de ellas menor de edad, durante el estado de emergencia decretado por Piñera y vigente en los primeros 9 días de protestas.
Ante esta ola de denuncia, Piñera afirmó el miércoles: «Establecimos transparencia total en las cifras, porque no tenemos nada que ocultar».
El mandatario aseguró que con la misma contundencia que se sancionará a los manifestantes que provocaron disturbios violentos, saqueos y dañaron más de 70 estaciones de Metro en medio de las protestas, se hará con «cualquier exceso que se haya cometido» en el uso de la fuerza.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha interpuesto 181 acciones judiciales por homicidio, torturas y violencia sexual supuestamente cometidas por policías y militares. El Colegio Médico, en tanto, contabiliza más de un centenar de heridos oculares por el uso de perdigones en las protestas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció que realizará una visita al país, sumándose a la misión de la Alta Comisionada de ONU para los DDHH que ya se encuentra en Chile. El miércoles, además, varias organizaciones internacionales, entre ellas la Organización Mundial Contra la Tortura, arribaron al país para investigar las denuncias.
Aumento del salario mínimo
Junto a varios de sus ministros en la sede presidencial de La Moneda, Piñera firmó un proyecto de ley que eleva -financiado por el Estado- el salario mínimo hasta los 350.000 pesos chilenos (467 dólares), en el marco de la agenda social con la que busca aplacar el malestar.
Pero la iniciativa fue interpretada en la calle como un «parche» que no soluciona la desigualdad social que existe en Chile y que no ha logrado resolver ningún gobierno desde el regreso de la democracia en 1990.
«Son manotazos de ahogado», dijo Jorge Cabrera, un vendedor ambulante de 48 años. «A mí no me convencen sólo con propuestas momentáneas, son cosas que se han solicitado hace más de 30 años: aumentar el sueldo mínimo, mejorar las pensiones, mejorar la salud».
Incluso algunos dudaron de la veracidad de la propuesta. «Ojalá que se arregle esto y sea verdad lo que dijo, que va a aumentar» el ingreso mínimo, expresó Flor Silva, de 70 años. Silva recibe una pensión de 130.000 pesos (unos 174 dólares) y tiene que vender productos en la calle para completar sus ganancias. En los dos colectivos que toma cada día para movilizarse gasta aproximadamente unos 60 dólares mensuales.
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