Perdió un ojo durante el desalojo de la toma en Confluencia y denunció a la Policía

La víctima, un hombre de 30 años, se presentó hoy en la Fiscalía junto a su abogada Micaela Gomiz. El desalojo se produjo a fin del mes pasado.

Uno de los heridos que perdió un ojo tras el segundo desalojo policial de la toma de Obreros Argentinos, en el barrio Confluencia de Neuquén, se presentó ayer en la fiscalía general para denunciar al personal del departamento especial de la Policía (UESPO) que lo dejó parcialmente sin vista. Franco Borda se presentó con la asesoría legal de Micaela Gomiz y solicitó ser querellante en la causa.

“Hay otras presentaciones previas al segundo desalojo del 26 de octubre; aquel fue hecho por distintas organizaciones, pero este es el caso más grave” dijo la abogada de Borda y representante de ADUNC, Gómiz.

Desde la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén (APDH) se recordó que la UESPO fue denunciada por los disparos al cuerpo sufridos por Alfredo Huenchumir durante el desalojo hace dos años de la toma de Parque Industrial, también ejecutada por la denuncia de la municipalidad de Neuquén.

“Los jueces deberían girar la denuncia al responsable político y resolver el problema de fondo, el del acceso a la tierra y las viviendas”, dijo Nerea Monte, de la APDH. “Es una brutalidad y una saña que no se puede admitir”, sostuvo.

Borda, en la descripción de su denuncia, indicó que ese día a la tarde estaban en una asamblea en la ocupación de Obreros Argentinos cuando intespestivamente se bajaron de dos móviles de la UESPO y comenzaron de disparar y tirar esferas de rulemanes y piedras con hondas. “Mucha gente recibió balazos de goma en los párpados, piedrazos en la cabeza y en el cuerpo”, especificó.

La víctima, que planteó ser querellante en la causa, indicó que antes de quedar aturdido por los perdigones en su ojo, vio al efectivo como disparaba en forma directa a la gente, antes de apuntar a su cara.

El joven es soldador, tiene 30 años y requerirá un implante de cristalino, tras la cirugía de urgencia a la que fue sometido el día del desalojo. “Estoy esperando estudios para que me saquen los puntos; me dicen que me llevará muchos años recuperar la vista si es que la recupero”, aseguró el obrero especializado.

La querellante sostuvo que harán responsable al Poder Ejecutivo, tras la solicitud de que se investiguen las responsabilidades materiales del hecho. “Tenemos datos, testigos oculares, solicitamos que informe quiénes fueron los efectivos” que participaron de la represión del 26 de octubre.

Nadia Peralta, la delegada de la toma, informó que tras la segunda represión se volvió a ingresar al predio a pesar del temor que le tienen a la policía. “Estamos con miedo latente porque nos esperan escondidos en la oscuridad, con piedras, pasan a cada rato a toda velocidad y el miedo es latente por el acoso que tenemos de la policía”, dijo la mujer.

No hubo avance desde el sector político. Las reuniones con funcionarios de la provincia fueron infructuosos, sostuvieron que la ministra Vanina Merlo nunca los atendió y el gobierno municipal electo no les dio señales de qué harán a partir de que asuman el 10 de diciembre.

La gestión saliente continuó exigiendo el desalojo de los ocupantes, ya que se trata de dos terrenos fiscales de propiedad municipal.

“No sabemos porqué están ensañados con nosotros; pedimos un loteo social para 130 familias y recibimos represión; prefieren acallarnos en vez de darnos una solución”.


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