Cantos de sirenas

La visita del presidente Néstor Kirchner a San Antonio Oeste, esta semana que pasó, estuvo cargada de significados.

Esto, claro, más allá de los anuncios que la Presidencia de la Nación reunió para efectuar en la ocasión y que, en mayor o menor medida, no resultaron sorpresivos sino el corolario de largas tramitaciones y esperas por parte de sectores y autoridades de la provincia.

Tal es el caso de la tantas veces anunciada pavimentación de la ruta 23 que, aunque sea por tramos, es de esperar que comience a cumplirse de una buena vez.

Pero tal vez lo más elocuente en cuanto a los significados de la visita sea aquello que no se produjo.

¿Por qué esto? Veamos.

Es más que conocida -además de digna de admiración- la inmensa capacidad que han mostrado los directivos de la firma Alcalis de la Patagonia Sociedad Anónima -Alpat SA- para lograr convencer a cuarenta años de gobiernos nacionales de que fuera el Estado y no ellos quien asumiera el riesgo y el costo financiero de la construcción de un emprendimiento faraónico.

Si quienes buscan erradicar el hambre y la enfermedad del mundo tuvieran apenas una ínfima proporción de la capacidad de lobby que ha demostrado el ingeniero Osvaldo Dagnino, ¡otro sería el mundo!

El tema es que, luego de haber incumplido todos los acuerdos y compromisos con el Estado Nacional, el ingeniero Dagnino estuvo esta semana a punto de conseguir que el gobierno cayera atrapado por una suerte de canto de sirenas, «blanqueara» todo el pasado de la empresa y le brindara un nuevo cheque en blanco.

Con fecha 3 de junio, Dagnino pretendió «apurar» al gobierno nacional para que -en el marco de la visita del presidente a San Antonio Oeste- éste anunciara la firma de un decreto que blanquea la mora, pesifica y difiere el resto de la deuda de 161 millones de dólares que esa empresa tiene todavía con el Estado nacional.

Disfrazada de «reformulación de los términos del Proyecto de Promoción Industrial» otorgado a la firma Alcalis de la Patagonia a través del decreto 697/81, en realidad el proyecto de decreto que el propio ingeniero Osvaldo Dagnino impulsó ante el subsecretario de Asuntos Legales de la Presidencia de la Nación es un blanqueo y tiene las siguientes consecuencias:

– obvia los informes negativos que sectores técnicos del gobierno nacional han expresado acerca de la viabilidad del proyecto industrial tal como está planteado;

– deja sin efecto el convenio de refinanciación de pasivos 224/88 que fijaba obligaciones de pago y de puesta en marcha a la empresa, todas ellas incumplidas;

– plantea nuevos plazos a la obligación ya prorrogada de comenzar a producir. Tan poco creíbles son estas nuevas fechas, que en el mismo proyecto de decreto se plantea la posibilidad de prorrogarlas otra vez más;

– pretende que el Estado no ejecute los pagarés ya vencidos desde 2001 por casi 100 millones de dólares -uno de ellos vence precisamente hoy- admitiendo en cambio la

pesificación, eliminación de punitorios, reducción de intereses y la promesa de dar una garantía de un banco internacional;

– y, por último, pretende que el Estado le reconozca a la deudora Alpat un cuantioso crédito fiscal de IVA tomando una parte como pago de la deuda y confiando en que la firma pagará el resto;

– por alguna razón que no se explica, se impulsa que tan inconveniente arreglo sea realizado por decreto, por resultar «imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución para la sanción de las leyes».

Claro que el deseo de Dagnino se vio, por ahora, frustrado.

Tal vez por su conocida condición de «patagónico desconfiado», el presidente se negó a actuar bajo tamaño apuro, no firmó el decreto, no habló a favor de Alpat en el acto de San Antonio Oeste ni fue -como pretendía Dagnino- a mover la palanca de ninguna prueba de máquinas en la planta industrial de Punta Delgada.

En caso de que la empresa hubiera obtenido lo que buscaba, obviamente, la pérdida principal habría sido para el Estado Nacional. Pero no sólo eso. También el sector de la producción industrial del país hubiera sufrido, como durante estos años, como consecuencia de este emprendimiento.

Esto es así porque Alpat es sólo una gran carpeta que logró ser aprobada en el marco del Régimen de Promoción Industrial creado por una ley de principios de los años 70 a la luz de la política de sustitución de importaciones imperante en esa época. El resultado no fue el esperado por quienes imaginaron ese modo de promover la industria nacional: lejos de evitar la importación de soda solvay, la propia Alpat se convirtió en un «tapón» para cualquier proyecto serio en la materia, y no hizo más que «bicicletear» una y otra vez a las autoridades con pedidos de prórroga y de renovación de avales.

El capital genuino de la firma es ínfimo y la compra de los principales insumos para la fábrica de carbonato de sodio -soda solvay- que construye cerca de San Antonio Oeste ha sido posible por varios métodos:

– un régimen de diferimientos impositivos que creó el Estado hace varias décadas por el cual los importadores de soda solvay, en lugar de pagar impuestos, se veían compelidos a invertir en acciones de Alpat;

– la exención de impuestos dictada en favor de la firma y de las empresas constructoras que trabajaran en ella;

– un préstamo del Banade en 1976 con el aval del Estado Nacional -que Alpat nunca honró-, refinanciado en 1988 y que se amplió luego con otro préstamo internacional, incumplido también, pagado por el Estado, refinanciado luego por éste a Alpat, todo lo cual se traduce hoy en que la empresa -pese a todas las licuaciones de su monstruoso pasivo- todavía adeuda 161 millones de dólares a la Nación en pagarés que están venciendo desde 2001, sin que la firma muestre ninguna capacidad de pago.

Así las cosas, Alpat se ve beneficiada por la actual coyuntura favorable a la exportación y, bueno es decirlo, si no fuera por la inmensa deuda que tiene, estaría en condiciones de operar con rentabilidad.

Pero claro que la deuda existe y el Estado Nacional -como acreedor- sólo podría salir por arriba del laberinto que comparte con Alpat, es decir: ejecutando la planta industrial de la empresa y licitando su venta, para lograr que empresarios con capital y capacidad operativa la pusieran a producir y generaran empleo y trabajo, permitiendo a la industria del país adquirir soda solvay a precios del mercado nacional y a la zona atlántica rionegrina beneficiarse con una actividad que, por el momento, ha sido sólo una reiterada y frustrada promesa.

Alicia Miller

amiller@rionegro.com.ar