Salud privada reclama actualizar los aranceles

Las instituciones privadas de salud de la región unieron voces para pedirle al gobierno provincial y a la obra social de jubilados y pensionados (PAMI) priorizar el financiamiento de la salud.

Dichas entidades, no han quedado fuera de la crisis económica a nivel nacional que afecta a varios sectores de la sociedad. En este caso, se suma la falta de acompañamiento de las entidades financiadoras del sector como las obras sociales públicas, nacionales y provinciales, las obras sociales sindicales y empresas de medicina prepaga en cuanto a los aranceles con que se retribuyen los servicios.

En este sentido, exponen las consecuencias sociales que esta situación puede generar. Según aclararon, el sistema se salud privado emplea alrededor de 3.000 personas en la región que se podrían ver afectadas en la continuidad de sus empleos como por el pago irregular de los salarios. Además de impactar directamente en la calidad y seguridad de la atención médica.

“La falta de pago en término de los salarios y honorarios médicos, la dificultad para cumplir con el pago a proveedores de insumos médicos, la imposibilidad de concretar inversiones en tecnología, entre otros, afectan y seguirán afectando en la prestación a los pacientes”, indicaron en el comunicado.

Enfatizaron en la necesidad de poner, el sector de salud, en la agenda de los funcionarios provinciales y nacionales, y priorizarlo para brindar “soluciones urgentes para la coyuntura” para luego poner en marcha mejoras de fondo para restablecer el funcionamiento del sistema.

Además del atraso en los precios con que el Estado Provincial y Nacional retribuyen los servicios médicos, se suma un gran atraso de diez meses de IPROSS, principalmente las de alta complejidad, y la atención de pacientes derivados de zonas alejadas a los grandes centros.

“El grupo de obras sociales sindicales, han definido aumentos de aranceles para el corriente año, también muy por debajo del 55 por ciento antes mencionado. En promedio, se sitúan entre un 25 y un 35 por ciento”, añadieron sobre la problemática prestacional.

Las instituciones privadas le reclaman al gobierno provincial la cancelación de la deuda atrasada.