Avalos, justicia y seguridad en un foro

NEUQUEN (AN).- La seguridad como concepto integral en beneficio del ser humano, y no como el endurecimiento de la política represiva del Estado, fue reclamada ayer en un foro organizado por el Centro de Estudiantes de Economía en vísperas de cumplirse un año de la desaparición de Sergio Avalos.

El foro Seguridad y Justicia se realizó anoche en el aula Pagoda de la Universidad Nacional del Comahue con cuatro panelistas: los decanos Graciela Landriscini (Economía, carrera que cursaba el estudiante desaparecido) y Juan Manuel Salgado (Derecho y Ciencias Sociales), la dirigente de derechos humanos Nerea Monte y el fiscal Ricardo Mendaña.

En primer término, Landriscini comparó «las desapariciones típicamente políticas» con las que se sufrieron en la década del '70 con las de ahora, «que afectan al ciudadano común». Planteó que «nuestro reclamo de seguridad no tiene que ver con la Doctrina de la Seguridad Nacional», sino «con la seguridad de la familia, el acceso a bienes y servicios, con distribución equitativa de la riqueza, democracia económica y política».

Salgado comparó una frase del gobernador Sobisch («vamos a sacar a patadas a los delincuentes de las villas») con una del ministro Manganaro («no me constan las torturas en la U11») y concluyó: «cuando se trata de pobres, hay certidumbre de que son culpables, cuando son delitos cometidos desde el poder, se lo pone en duda». Agregó: «la seguridad se debe asentar en la eliminación de la exclusión social».

A su turno Mendaña coincidió: «la seguridad pasa por la vigencia de todos los derechos del ciudadano, los económicos y los sociales». Observó que el discurso de mano dura «brinda una protección fuerte a los derechos de las personas menos vulnerables, y débil a los derechos de los más vulnerables».

Consideró «atractivo» el eslogan «la seguridad es un problema de todos», pero dijo que «el control de la seguridad también es un problema de todos, no puede estar concentrado en pocas manos».

También opinó que «la impunidad está asociada con la falta de vocación de la justicia para resolver los delitos que se cometen desde el poder».

Nerea Montes, en tanto, se preguntó: «si determinada política económica excluye a millones de personas de tener salud, educación, salarios dignos, ¿esas personas tienen justicia y seguridad?». Añadió que «los derechos económicos y sociales violados afectan los demás derechos». Y revindicó a los organismos de derechos humanos, que «se hacen valer frente al Estado. Los que gobiernan tienen que ser controlados».