El caso Saigg: una renuncia forzada por la desidia política y judicial
La salida de la delegada de Desarrollo Social en Roca encierra una historia con antecedentes violentos que jueces, fiscales y gobernantes miran desde un costado.
Saigg y su familia fueron sitiados en su casa durante más de diez horas el lunes. Los vecinos de la funcionaria también padecieron el accionar vandálico del grupo.
La desidia política y judicial terminaron eyectando del cargo a la delegada de Desarrollo Social de la Nación en Roca, Miriam Saigg.
“Ganaron los violentos”, sintetizó la ahora exfuncionaria en su carta de dimisión.
Pero ese “triunfo” no empezó a construirse el lunes, cuando temprano a la mañana los militantes de la CTA Autónoma se apostaron en las oficinas del organismo y luego en la casa particular de Saigg.
El punto de partida hay que ubicarlo varios meses atrás y en el derrotero hay que señalar como responsables del desenlace no sólo a los líderes de las organizaciones, sino también a quienes desde un despacho oficial observaron cómodos la creciente ola de violencia en contra de una mujer con un cargo público.
Miguel Báez no llegó ayer a las calles. Es el mismo que tuvo orden de captura cuando al comisario Antonio Mandagaray le destrozaron el rostro en las protestas contra el Plan Castello, en Viedma. Es el mismo que encabezó otra turba contra policías en la sede del gobierno provincial en Roca y que dejó a otro uniformado con una grave lesión en un ojo. El que generó el temor a saqueos en supermercados en diciembre pasado. El que fue denunciado por amenazas a un periodista. El que firmó una probation asegurando que durante dos años no haría nada de lo que hizo en estas últimas horas.
Asombra la pasividad del Poder Judicial ante el contexto.
La Justicia Federal desconoce hasta ahora esas pautas de conducta fijadas para Báez y para otros dirigentes que también estuvieron en las manifestaciones del lunes.
Similar modorra exhibió la Justicia de Río Negro, que llegó a la casa de Saigg el lunes cuando la crisis llevaba ocho horas y porque medió un llamado desde Viedma hacia los fiscales en Roca, que hasta entonces aseguraban que se trataba de un conflicto de competencia federal. Hubo que explicarles que había una calle cortada, una mujer y su familia intimidada por los ataques a su propiedad y vecinos atemorizados, para que finalmente se dispusieran a aplicar el protocolo que tiene el Ministerio Público para descomprimir este tipo de casos.
La política también miró desde un costado.
El gobernador, Alberto Weretilneck, estuvo en contacto el lunes con el entorno de Saigg. No fue mucho más allá de eso. Antes del idilio electoral con la ATE y la CTA de Rodolfo Aguiar, sus reacciones ante este tipo de episodios eran diferentes.
A nivel nacional hubo expresiones en Twitter del senador Federico Pinedo y promesas de acción desde altas esferas del gobierno nacional. Mañana llegará el coordinador de Centros de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social, Federico Magnoli. ¿Respaldará la postura de Saigg, quien se negó a darles 2.000 módulos alimentarios a organizaciones que no pueden mostrar un listado creíble con esa cantidad de beneficiarios?
La Justicia, el gobierno provincial, el gobierno nacional… todos actuando después de una renuncia firmada. Después de una casa vandalizada y después de haberse consolidado la imagen de que la violencia es el mecanismo para conseguir resultados ante el Estado.
Con acciones y omisiones, legitimaron un método nocivo de reclamo social.
La salida de Saigg no debería ser el final de la historia. Debería ser el comienzo de una etapa distinta, con el derecho a protestar sin pasar por encima de ningún otro derecho. Y sobre todo, sin avasallar ninguna ley.
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Análisis | Cambiar funcionarios no es la solución
Por Jorge Vergara
Todo lo que no tiene como parámetro el respeto termina siendo irracional. Tanto que llevar la protesta a la casa de un funcionario público nos obliga a revisar conductas. Asumir un cargo del área social en tiempos de crisis es un doble desafío, pero jamás debería convertirse en un tema personal, porque los aciertos o errores se dan siempre en el ejercicio del cargo, por lo tanto, si hay reclamos deben hacerse en el lugar de trabajo.
Miriam Saigg la pasó mal en su cargo de Desarrollo Social de la Nación. Le ocurrió de todo, menos que la cuidaran, porque se fue cansada de las agresiones que se convirtieron en moneda corriente, no sólo para ella, sino también para su familia y hasta para sus vecinos. Debieron soportar cortes de calles, quemas de neumáticos, agresiones de todo tipo, roturas, huevazos y mucho más. Sin embargo, como en la tierra desolada, nadie la protegió, las acciones para que no pasara lo que no debía pasar fueron tibias, muy tibias y el Estado en todas sus categorías miró cada conflicto desde lejos. Acá hay responsabilidades repartidas entre Nación y Provincia.
Y es como la misma exfuncionaria dijo cuando se fue; “Ganaron los violentos”, tal cual, una agrupación de desocupados que pareciera tener un poder enorme, se adueñó de la situación cada vez que quiso. Y lo hizo no sólo con ella, sino también con otros organismos provinciales. Quedó claro que o nadie se anima a frenar de una buena vez estas acciones o nadie quiere pagar los costos en tiempos electorales.
Pero en este contexto no hay salida posible. Porque cambiar funcionarios no es la solución. Quien venga, si quiere mantener cierta coherencia, tampoco podrá cumplir con demandas desmedidas, ni podrá frenar protestas violentas y personalizadas. Hay que poner las cosas en su lugar y sobre todo a los dirigentes gremiales que hacen de los métodos desmedidos un estilo de protesta sin dimensionar consecuencias.
Es irracional asistir a una protesta con cochecitos con bebés. Sobre todo cuando se da en un marco de tensión. Convierten a esos niños en escudos para evitar represión. Pero es habitual la escena y no parece conmover a nadie. Hay gente confundida. No alcanzan a ver el límite del derecho y del necesario respeto para un diálogo viable. Así pasarán muchas Miriam Saigg y no aparecerán las respuestas.
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