Cómo sigue el juicio a Reggioni luego de los cruces en la primera audiencia

Luego de cinco meses, entre demoras y elecciones, empezó este lunes el juicio contra el exintendente de Fernández Oro, Juan Reggioni, por negociaciones incompatibles con la función pública y estafa.

Este martes se retomará el debate, con el testimonio de la escribana María Paula Álvarez Machicote, que suscribió los contratos para la operación inmobiliaria investigada, y del ingeniero David Baffoni, de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones del Ministerio Público.

La acusación implica la compra irregular de un terreno en el Loteo Social III de la localidad del Alto Valle Oeste.

En la causa también está imputada la pareja del dirigente del PJ, Eva Maldonado, su hijo Diego Quintero, y Julia Susana Arellano Sánchez.

La primera jornada tuvo declaraciones testimoniales, análisis de pruebas y lágrimas de la adjudicataria y presunta víctima, Miriam Canale, quien se vio muy afectada al reconocerse estafada.

El momento clave de la audiencia fue la reproducción de un audio, en el que dialogan Reggioni y el inquilino de la vivienda, Carlos Vásquez. “Yo compré el terreno con mi plata”, dice Reggioni, y agregó que planeaba inscribirlo “como bien de familia”, ya que su intención era destinarlo a Diego (Quinteros), a quien calificó como “un tiro al aire” y dijo que estaba “recontra descontrolado”. Además de asegurar que pagó 60 mil pesos por la parcela, reclamó que Canale “se hace la víctima”.

El debate comenzó con los alegatos de las partes, en lo que el fiscal Guillermo Merlo tomó la posta, acompañado de la adjunta Vanina Bravo. Adelantó que “las pruebas hablarán por sí solas”, pero señaló que serían presentadas junto a testimonios y reconocimientos.

Contratos, recibos y actas fueron cruzados con las declaraciones y conformaron un discurso que, al menos en la primera contienda fue sólido y reforzó la acusación.

Para los representantes del Ministerio Público es clara la existencia de una maniobra de estafa y negociación incompatible en la que el exmandatario habría adquirido, de forma irregular, la parcela 12 de la manzana 251 del Loteo social III, en Fernández Oro, en la que edificaron una vivienda, que tiempo después se incendió y reveló la situación que derivó en el presente juicio.

Producto del reclamo de Vásquez por las pérdidas que ocasionó el fuego se detectó que pagaba un alquiler a Maldonado, esposa de Reggioni. Arellano Sánchez aparece como la persona que convenció a Canale de ceder el lugar.

La mujer ayer se quebró y debió recibir la asistencia de la Ofavi. “Se hizo mi amiga para sacarme el terreno”, dijo. Su testimonio continuó, pero sin Arellano Sánchez en la sala. “No puedo hablar delante de ella porque me usó”, dijo ante las preguntas del abogado Pablo Barrionuevo, que no estuvo de acuerdo en que su defendida abandonara la sala.

Por su parte, el abogado defensor de Reggioni y Maldonado, Antonio Barrera Nicholson, reconoció los hechos, pero sostuvo que no configuran el delito que se imputa, ya que para él no hubo estafa. Además, insistió en que para el caso se debería haber convocado a una asamblea de la Comisión de Loteos, y no iniciar una causa penal.

“La causa fue armada para que Juan Reggioni no llegue a las elecciones, o que llegue con su imagen perjudicada”, aseguró. Para Barrionuevo, Arellano Sánchez “debería estar como testigo, no como imputada”.

Por otra parte, y a pedido de la fiscalía, declararon dos policías que trabajaron en el allanamiento que se realizó en la casa de Reggioni, y en la escribanía de María Paula Álvarez Machicote. En ese punto la fiscalía aprovechó para evidenciar la documentación que se halló en ambos procedimientos: contratos de comodato, de locación, un recibo de compra y venta, y boletas de agua, electricidad y tasas municipales.

La última en declarar fue la psicóloga Giuliana Marzolla, que realizó una evaluación pericial a Canale y detectó que “vulnerable a situaciones de engaño”.

La causa por el plan Techo Digno, tiene bajo investigación la ejecución de viviendas con fondos nacionales en Fernández Oro, durante la gestión de Reggioni.

Esas casas estaban certificadas en su totalidad, pero ejecutadas en un porcentaje menor.

Por otra parte, a principios de este año se llamó a declaración indagatoria a Reggioni, en relación a la obra de captación de agua.

Se trató de dos denuncias que luego se unificaron: por un lado el Ejecutivo local, y por otra parte el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (Enhosa), que en 2016 intimó a Fernández Oro a devolver cerca de dos millones de pesos. En esta causa afirman que el exmandatario certificó las tareas en un 100%, pero en realidad solo se alcanzó un 62%, explicaron. Este caso está a cargo de la Justicia Federal, bajo la órbita del juez Hugo Greca.

El llamado alcanzó además a Pablo Mancuso, que cumplió como secretario de Obras Públicas en la gestión anterior, y a Longinos De Dios, de la firma Eca S.A., que realizó parte de la obra.