Justicia, seguridad y derechos humanos

El gobierno nacional presentó, en momentos de una alta exigencia de medidas de seguridad por parte de la ciudadanía, el Proyecto Integral de Seguridad como parte de la política de Estado.

El gobierno nacional presentó, en momentos de una alta exigencia de medidas de seguridad por parte de la ciudadanía, el Proyecto Integral de Seguridad como parte de la política de Estado.

En sus aspectos salientes, crea la Agencia Federal de Investigaciones y Seguridad Interior, cuyo director nacional dependerá del secretario de Seguridad Interior. Propone cambios estructurales en el tríptico que compone el 'ius puniendi' estatal: esto es la Policía, la Justicia y el Servicio Penitenciario.

En sus aspectos salientes, crea la Agencia Federal de Investigaciones y Seguridad Interior, cuyo director nacional dependerá del secretario de Seguridad Interior. Propone cambios estructurales en el tríptico que compone el 'ius puniendi' estatal: esto es la Policía, la Justicia y el Servicio Penitenciario.

En el Sistema Seguridad y dentro del área policial requiere que el Congreso Nacional apruebe la creación de una «fuerza federal de seguridad». Su función predominante estaría dirigida a la investigación del delito organizado, como terrorismo, tráfico de armas, narcotráfico, desarmaderos, contrabando y lavado de dinero. Y en lo relativo a seguridad interior, la llamada «Fuerza Federal para la Paz», que estará compuesta por miembros de la actual Policía Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina y actuará en estrecha relación con el Consejo de Seguridad Interior.

En el Sistema Seguridad y dentro del área policial requiere que el Congreso Nacional apruebe la creación de una «fuerza federal de seguridad». Su función predominante estaría dirigida a la investigación del delito organizado, como terrorismo, tráfico de armas, narcotráfico, desarmaderos, contrabando y lavado de dinero. Y en lo relativo a seguridad interior, la llamada «Fuerza Federal para la Paz», que estará compuesta por miembros de la actual Policía Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina y actuará en estrecha relación con el Consejo de Seguridad Interior.

Propone la creación de un sistema unificado de registros criminales, de carácter nacional y con finalidad regional, ya que sería el nodo argentino dentro del Mercosur.

Propone la creación de un sistema unificado de registros criminales, de carácter nacional y con finalidad regional, ya que sería el nodo argentino dentro del Mercosur.

Dentro del Sistema Judicial, junto con la reforma del fuero federal, propone cambios jurídicos trascendentes tales como la implementación del juicio por jurados postergado desde la vigencia de la Constitución nacional. Proyecta establecer la punibilidad a los menores a partir de los 14 años. Propugna la competencia de la Justicia provincial en temas relativos a la tenencia simple de droga, hoy de carácter federal.

Dentro del Sistema Judicial, junto con la reforma del fuero federal, propone cambios jurídicos trascendentes tales como la implementación del juicio por jurados postergado desde la vigencia de la Constitución nacional. Proyecta establecer la punibilidad a los menores a partir de los 14 años. Propugna la competencia de la Justicia provincial en temas relativos a la tenencia simple de droga, hoy de carácter federal.

En el Sistema Penitenciario prevé la construcción de ocho cárceles, con una inversión de aproximadamente 400 millones en tres años. Creación de delegaciones del Patronato de Liberados en el interior del país a fin de trabajar coordinadamente con el fuero federal y asistir a las provincias en la creación de organismos similares.

En el Sistema Penitenciario prevé la construcción de ocho cárceles, con una inversión de aproximadamente 400 millones en tres años. Creación de delegaciones del Patronato de Liberados en el interior del país a fin de trabajar coordinadamente con el fuero federal y asistir a las provincias en la creación de organismos similares.

Desde lo económico, y a fin de implementar el presente plan, crea un fondo fiduciario que estaría integrado por aportes del Estado nacional y de las provincias a las que invita a adherirse. El Consejo de Administración estará presidido por el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y será auditado por la AGN, la Sigen y la Oficina Anticorrupción.

Desde lo económico, y a fin de implementar el presente plan, crea un fondo fiduciario que estaría integrado por aportes del Estado nacional y de las provincias a las que invita a adherirse. El Consejo de Administración estará presidido por el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y será auditado por la AGN, la Sigen y la Oficina Anticorrupción.

Es oportuno tener en cuenta que cualquier modelo de seguridad ciudadana que se pretenda instaurar debe guardar un justo equilibrio con la protección de los derechos humanos. Por estos días se han escuchado voces que pretenden mostrar esta armonización como una contradicción.

Es oportuno tener en cuenta que cualquier modelo de seguridad ciudadana que se pretenda instaurar debe guardar un justo equilibrio con la protección de los derechos humanos. Por estos días se han escuchado voces que pretenden mostrar esta armonización como una contradicción.

Por ello la capacitación de la policía pública debe estar orientada a la integración en la comunidad, al respeto irrestricto de los derechos de los ciudadanos y en otro aspecto a la profundización de las estrategias investigativas frente al crimen organizado que tiene efectos devastadores no sólo en la ciudadanía, sino también en las economías regionales.

Por ello la capacitación de la policía pública debe estar orientada a la integración en la comunidad, al respeto irrestricto de los derechos de los ciudadanos y en otro aspecto a la profundización de las estrategias investigativas frente al crimen organizado que tiene efectos devastadores no sólo en la ciudadanía, sino también en las economías regionales.

Más allá de las urgencias, toda detención debe estar sustentada en el marco de la Constitución y de los instrumentos internacionales incorporados a través de su artículo 75 inc. 22, a garantizar el derecho a ser oídos y juzgados en un tiempo razonable, a un trato digno por parte de las autoridades, a una justicia efectiva, pronta y expedita. En suma, son derechos que toda privación de la libertad genera.

Más allá de las urgencias, toda detención debe estar sustentada en el marco de la Constitución y de los instrumentos internacionales incorporados a través de su artículo 75 inc. 22, a garantizar el derecho a ser oídos y juzgados en un tiempo razonable, a un trato digno por parte de las autoridades, a una justicia efectiva, pronta y expedita. En suma, son derechos que toda privación de la libertad genera.

Si se habla de un plan integral, junto con el montaje del aparato represivo estatal, cuya legitimidad es indiscutible, urge analizar las causas de la criminalidad y proyectar también una política social que actúe sobre las mismas.

Si se habla de un plan integral, junto con el montaje del aparato represivo estatal, cuya legitimidad es indiscutible, urge analizar las causas de la criminalidad y proyectar también una política social que actúe sobre las mismas.

Por ejemplo en el tema de menores cuyo límite de punibilidad conlleva a la polémica, antes habría que considerar las conclusiones a las que se llegó en el Congreso sobre Seguridad Ciudadana desarrollado en agosto del 2003 en Piriápolis (Uruguay) en el taller referente a la situación de los menores: «Fomentar la creación de espacios educativos, deportivos y recreativos en lugares carenciados; implementación de una educación sexual y reproductiva responsable y realista en educación primaria -trabajo en red con las comisiones de seguridad barrial-; obligatoriedad de la educación secundaria y a su vez mejorar las condiciones para evitar la deserción de los estudiantes. Promover la creación de espacios y centros de acogida para niños, niñas adolescentes y jóvenes con el objetivo de actuar en forma preventiva proporcionando una formación alternativa que favorezca la inclusión social».

Por ejemplo en el tema de menores cuyo límite de punibilidad conlleva a la polémica, antes habría que considerar las conclusiones a las que se llegó en el Congreso sobre Seguridad Ciudadana desarrollado en agosto del 2003 en Piriápolis (Uruguay) en el taller referente a la situación de los menores: «Fomentar la creación de espacios educativos, deportivos y recreativos en lugares carenciados; implementación de una educación sexual y reproductiva responsable y realista en educación primaria -trabajo en red con las comisiones de seguridad barrial-; obligatoriedad de la educación secundaria y a su vez mejorar las condiciones para evitar la deserción de los estudiantes. Promover la creación de espacios y centros de acogida para niños, niñas adolescentes y jóvenes con el objetivo de actuar en forma preventiva proporcionando una formación alternativa que favorezca la inclusión social».

Quizás habría que reflexionar sobre las palabras que Sebastián Cox Urrejola escribía en seguridad pública: un desafío para la gobernabilidad democrática; una oportunidad para la participación ciudadana: «La mayor seguridad ciudadana no es entonces sólo sinónimo de mayores medidas represivas y/o anti-delictuales; la inseguridad pública no es tampoco proporcional ni se combate sólo en el despliegue en las calles de más o menos fuerza policial». En consecuencia, el desafío social hoy es romper el círculo vicioso que forman la corrupción, la impunidad, la violencia y la desconfianza.

Quizás habría que reflexionar sobre las palabras que Sebastián Cox Urrejola escribía en seguridad pública: un desafío para la gobernabilidad democrática; una oportunidad para la participación ciudadana: «La mayor seguridad ciudadana no es entonces sólo sinónimo de mayores medidas represivas y/o anti-delictuales; la inseguridad pública no es tampoco proporcional ni se combate sólo en el despliegue en las calles de más o menos fuerza policial». En consecuencia, el desafío social hoy es romper el círculo vicioso que forman la corrupción, la impunidad, la violencia y la desconfianza.

Finalmente, teniendo en consideración que el alto comisionado de las Naciones Unidas promulgó el período 1995-2005 como el decenio para la educación en derechos humanos, es de esperar que antes de su finalización la ciudadanía argentina, en una participación democrática a través de los organismos de derechos humanos y de las organizaciones no gubernamentales, encuentre el modelo justo que le permita recuperar la integridad y el derecho a llevar una vida libre, sin temores ni sobresaltos.

Finalmente, teniendo en consideración que el alto comisionado de las Naciones Unidas promulgó el período 1995-2005 como el decenio para la educación en derechos humanos, es de esperar que antes de su finalización la ciudadanía argentina, en una participación democrática a través de los organismos de derechos humanos y de las organizaciones no gubernamentales, encuentre el modelo justo que le permita recuperar la integridad y el derecho a llevar una vida libre, sin temores ni sobresaltos.

(*) Doctora. Sec. del Poder Judicial del Neuquén

(*) Doctora. Sec. del Poder Judicial del Neuquén