Estafa al Ipross: inventaron epilépticos para cobrar remedios caros

Más avanza la investigación, más sorprenden los datos que aparecen sobre las maniobras desplegadas por un grupo de farmacéuticos para estafar al Ipross con la facturación de medicamentos.

Durante los últimos días la causa judicial sumó varios elementos importantes.

El más relevante indica que no sólo hubo recetas “infladas” e inventadas para aumentar las acreencias ante la obra social. También se facturaron medicamentos para atender enfermedades que los afiliados no tenían.

En otras palabras, se hizo aparecer a varios rionegrinos como epilépticos, cuando jamás tuvieron ese padecimiento.

Los datos sobre esas operaciones fueron incorporados al expediente y están centrados en las supuestas ventas de Ospolot 50 mg, un producto que actualmente cuesta alrededor de 12.500 pesos por caja de 50 comprimidos.

Los registros en manos de los investigadores corresponden a operaciones de una farmacia en el año 2015, cuando cada caja costaba 2.081,99 pesos.

De acuerdo con la información aportada por fuentes con acceso a la causa, durante las últimas semanas se tomó contacto con varios de los afiliados que aparecen en los reportes oficiales del Colegio de Farmacéuticos como compradores de ese producto y todos respondieron lo mismo: “Yo no tengo epilepsia”.

Además del Ospolot, hay casos testigo que llegaron a la Justicia que también tienen facturadas varias cajas de Keppra 1000 mg, otro medicamento que se usa para tratar convulsiones, que en 2015 costaba 1.566,68 pesos por caja de 30 comprimidos. El precio actual de ese producto ronda los 5.600 pesos.

Pero esos no fueron los únicos pasos que dio la Justicia desde que retornó la actividad, después de la feria.

También hubo un importante aporte “voluntario” de datos llegados desde Entre Ríos, de parte del proveedor del sistema informático que utiliza el Colegio de Farmacéuticos para hacer la validación y la facturación de los medicamentos que compraban los afiliados al Ipross.

Según trascendió, esos registros serán claves para cotejar la información obtenida en los allanamientos a la sede de la entidad y determinar si alguien dentro del colegio modificó registros, buscando ocultar eventuales pruebas sobre los delitos investigados.

En ese sentido, las fuentes consultadas informaron que días atrás hubo un nuevo allanamiento a las oficinas de la entidad prestadora y que se ordenaron diferentes medidas probatorias, basadas en registros informáticos.

“Río Negro” consultó ayer al presidente del Ipross, Claudio Di Tella, si la obra social había concretado el aporte de información a los fiscales que llevan adelante la investigación.

El funcionario respondió que se estaban preparando la documentación, una tarea que no era sencilla porque implicaba la revisión de unas 1.000 cajas.

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El titular del Ipross, Claudio Di Tella, estimó que para mediados de septiembre ya estará vigente el nuevo sistema para la compra de medicamentos en las farmacias por parte de los afiliados a la obra social estatal.

Ese esquema se basará en el pago a los prestadores de un monto fijo por cada producto, surgido del promedio de precios entre las diferentes marcas que elaboren el remedio.

El afiliado tendrá que tomar una decisión cada vez que vaya a comprar, porque se le exhibirán todas las opciones disponibles de la droga genérica que necesite. Si elige el más barato, la cobertura de la obra social será mayor.

Di Tella dijo que el nuevo sistema -que recupera para el Ipross el sistema de validación y la auditoría- estaba definido en marzo del año pasado, pero que no se avanzó por cuestiones presupuestarias.

Con el escándalo generado por la causa penal los pasos se aceleraron y en los próximos días se lanzaría la campaña informativa para detallar el procedimiento a los 160.000 afiliados.

Los cambios ya fueron adelantados a fines de julio al Colegio de Farmacéuticos y esta semana se hizo lo mismo con referentes de farmacias sindicales.

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El gremio ATE recibió esta semana la segunda negativa de la Justicia ante sus intenciones de ser querellante en la causa penal por la estafa al Ipross.

El Ministerio Público había rechazado esa petición en primer lugar y la jueza Natalia González ratificó esa decisión el martes pasado.

La jueza explicó que para ser querellante en un delito de acción pública el Código Procesal Penal define dos requisitos: ser la víctima -la persona particularmente ofendida por un delito- o ser una organización “que acredite un interés legítimo en el caso y éste se relacione con su objeto institucional”.

En el caso que se investiga, ya se aceptó a la Fiscalía de Estado en representación de la Provincia de Río Negro como damnificada, por tratarse de un posible delito contra la Administración Pública. “El sindicato claramente no es la administración pública. Tampoco se está investigando un delito en perjuicio de la Asociación de Trabajadores, que sería otra situación”, aclaró la jueza.