Primer paso de Regina para crecer sobre la barda norte

Encerrada por su ubicación lineal entre la barda y las chacras, Villa Regina dará el primer paso para crecer hacia la meseta norte. Será con la construcción de las nuevas piletas de tratamiento de efluentes cloacales.

Hay en carpeta otras propuestas para el aprovechamiento del área, pero deberán esperar hasta que estén instalados los servicios básicos.
Desde hace tres décadas la idea de ocupar esas tierras es un proyecto que no cristaliza. En 1986, el municipio adquirió 4.500 hectáreas en la barda, pensando en el crecimiento. En 2011, volaron un tramo del faldeo de la meseta para construir un nuevo acceso desde el sector este, ya que frente a la zona céntrica o en Parque Industrial, las tierras ubicadas arriba son privadas.

La apertura del nuevo camino fue acompañada por estudios de la Universidad Nacional del Comahue, ingenieros y arquitectos, para definir propuestas de desarrollo del sector.

Los altos costos que implican las obras para la provisión de agua potable, red eléctrica y red de gas, son una limitante.
La planta cloacal avanzará sobre las tierras ociosas. No solo con la depuración de los efluentes cloacales, ya que en una segunda etapa será con programas forestales y forrajeros.

Pero hay inconvenientes. El proyecto se planificó en tierras que son de propiedad privada. Sus dueños explotan allí una cantera y resisten porque aseguran que nunca fueron notificados oficialmente y afectará su actividad económica.

El tema se judicializó. La provincia obtuvo la posesión de las tierras para la construcción. Los propietarios presentaron un recurso de amparo para que no se las expropien.

En medio de esta disputa, el titular del Departamento Provincial de Aguas (DPA), Fernando Curetti, convocó a una audiencia pública para escuchar opiniones sobre el estudio de impacto ambiental de la planta de tratamiento. En poco tiempo, iniciarán las obras.

Belén y Jacobo Iaría, dueños de las tierras, no están en contra de que la planta se instale en un sector de su propiedad, pero sí consideran que la ubicación en la que se planificó los afectará económicamente. Es que quedará ubicada dentro de una de las canteras de la que extraen áridos, principal sostén de la familia y varios empleados.
El DPA iniciará las tareas en pocas semanas en la barda ubicada al norte del Parque Industrial.

Una resolución judicial le otorgó la posesión de las tierras. Es el primer paso para avanzar en el proceso de expropiación. La obra fue anunciada en 2016. A fines del año pasado se realizó la apertura de sobres con las ofertas y en marzo de este año se firmó el contrato de obra con la empresa Urban SA, ganadora de la licitación.
Además de las piletas depuradoras, construirán dos estaciones elevadoras y se readecuará el sistema de impulsión.

Los propietarios de las tierras, aseguraron que más allá de contactos informales con funcionarios, incluyendo al gobernador Alberto Weretilneck, nunca hubo por parte de la provincia un contacto oficial para solicitar y acordar sobre los terrenos para la planta depuradora.

“Hace algunos meses recibimos un llamado telefónico de un tal Gabriel, que nunca nos dio el apellido y que supuestamente representaba a una empresa que quería llevar adelante un proyecto y nos quería consultar a nosotros. Con él tuvimos una reunión y allí, sin presentar ningún tipo de papel, nos comunicó que nos iban a expropiar”, señaló Belén Iaría, dueña junto a su hermano Jacobo de las tierras sobre la barda norte.
La propiedad de la familia abarca una extensa zona de la meseta al norte de Ruta 22. Se extienden desde la primera subida a la barda en Regina, hasta una zona al norte de Chichinales.

“Todo esto nos tomó por sorpresa, porque estas tierras son propiedad de la familia desde hace muchas décadas, y justamente en ese sector se encuentra el ingreso a la cantera que es nuestra fuente laboral. Mi abuelo y mi papá laburaron esas tierras con la extracción de áridos”, agregó.
Aclaró que “nosotros nacimos en Regina, vivimos en Regina, y no estamos en contra del proyecto y de que nuestra ciudad crezca, pero tampoco que sea pisando cabezas. Somos ciudadanos comunes, y esto lo hablamos directamente con el gobernador. A partir de su contacto logramos que nos dieran una copia del proyecto; pero jamás en todo este tiempo hubo un planteo formal para buscar un acuerdo”.

Luego de que se conociera la empresa adjudicataria de la obra, se presentaron ante la justicia, que convocó tanto al DPA como a Urban a una audiencia de mediación, a la que no asistieron.
Belén Iaría sostuvo que “nos ponen en la situación de ser los malos de la película, y no es así. Ellos dicen que las tierras están a valor fiscal, cuando se sabe que la propiedad privada no está a valor fiscal, y más teniendo en cuenta que desde hace años existe un proyecto privado para la urbanización de ese sector”.

Los propietarios de las tierras, aseguraron que más allá de contactos informales con funcionarios, incluyendo al gobernador Alberto Weretilneck, nunca hubo por parte de la provincia un contacto oficial para solicitar y acordar sobre los terrenos para la planta depuradora.

“Hace algunos meses recibimos un llamado telefónico de un tal Gabriel, que nunca nos dio el apellido y que supuestamente representaba a una empresa que quería llevar adelante un proyecto y nos quería consultar a nosotros. Con él tuvimos una reunión y allí, sin presentar ningún tipo de papel, nos comunicó que nos iban a expropiar”, señaló Belén Iaría, dueña junto a su hermano Jacobo de las tierras sobre la barda norte.
La propiedad de la familia abarca una extensa zona de la meseta al norte de Ruta 22. Se extienden desde la primera subida a la barda en Regina, hasta una zona al norte de Chichinales.
“Todo esto nos tomó por sorpresa, porque estas tierras son propiedad de la familia desde hace muchas décadas, y justamente en ese sector se encuentra el ingreso a la cantera que es nuestra fuente laboral. Mi abuelo y mi papá laburaron esas tierras con la extracción de áridos”, agregó.
Aclaró que “nosotros nacimos en Regina, vivimos en Regina, y no estamos en contra del proyecto y de que nuestra ciudad crezca, pero tampoco que sea pisando cabezas. Somos ciudadanos comunes, y esto lo hablamos directamente con el gobernador. A partir de su contacto logramos que nos dieran una copia del proyecto; pero jamás en todo este tiempo hubo un planteo formal para buscar un acuerdo”.
Luego de que se conociera la empresa adjudicataria de la obra, se presentaron ante la justicia, que convocó tanto al DPA como a Urban a una audiencia de mediación, a la que no asistieron.
Belén Iaría sostuvo que “nos ponen en la situación de ser los malos de la película, y no es así. Ellos dicen que las tierras están a valor fiscal, cuando se sabe que la propiedad privada no está a valor fiscal, y más teniendo en cuenta que desde hace años existe un proyecto privado para la urbanización de ese sector”.