Decisión judicial que afecta el secreto de las fuentes

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresa su preocupación por las eventuales derivaciones del llamado a indagatoria al periodista Daniel Santoro en la denominada causa D’Alessio. A cargo del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, en la causa se analizan denuncias sobre escuchas telefónicas ilegales, extorsión y espionaje. Una declaración indagatoria puede continuar con un procesamiento, embargo de bienes y hasta la detención del procesado.

Estas derivaciones configurarían una criminalización de la tarea periodística sin antecedentes desde el regreso de la democracia. Lo que está en juego son derechos consagrados en nuestra Constitución, como el de preservar las fuentes, base central de la investigación periodística que consolida el presupuesto democrático de una ciudadanía informada. Este derecho fue expresamente consagrado en la reforma constitucional de 1994.

El solo hecho de involucrar penalmente a un periodista en una causa criminal en la que un procesado actuaba como fuente, se transforma en una amenaza que puede llevar a la autocensura del protagonista y del resto de sus colegas. Organizaciones internacionales y locales han manifestado que la decisión del juez Ramos Padilla implica criminalizar las entrevistas y el off the record.

Condicionar el uso de herramientas esenciales para la labor periodística limita la posibilidad del periodismo de destapar, como lo ha hecho en la Argentina y en muchos otros lugares del mundo, oscuras tramas que afectan la vida pública.