Pagaron miles de dólares pero no tienen casa: piden justicia

“Somos gente de clase media, trabajadora que con mucho esfuerzo, quisimos concretar el sueño de la casa propia y de la noche a la mañana, nos quedamos sin casa, sin plata”. Así se definen. No se conocían pero ante la desesperación, la desazón y la angustia, fueron encontrándose, conectándose y hoy incluso, pueden dar cuenta de las situaciones que atraviesa el otro.

Detrás de cada damnificado sobresale una historia. Hasta ahora, son 60 personas perjudicadas de las cuales 50 ya radicaron la denuncia contra el empresario Horacio Souza por el delito de estafa, a través de su firma HS Desarrollos Urbanos. Se lo acusa de haber cobrado por la construcción de viviendas a través de su compañía HS Desarrollos Urbanos, que no se hicieron ni entregaron a sus propietarios.

El empresario hoy está imputado. El juez Martín Arroyo determinó el plazo de un año para investigar el hecho y le prohibió alejarse a más de 200 kilómetros de Bariloche.

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“Veía casas de él por distintos barrios, con carteles y me pareció que era una buena opción”, reconoció Graciela que firmó el contrato en agosto del 2016. Agustín, en cambio, tomó conocimiento de la empresa a través de publicidades en canales de televisión aunque también vio varios avisos en el Facebook. “Yo llegué a pagar el 80% de la casa y no hicieron ni la platea”, describió.

Gisela pagó el 87% de la vivienda. En este caso, sí se hizo una platea en su terreno pero aclaró que “estaba mal hecha porque no le pusieron anticongelante; de modo que tuvieron que hacer otra”. Ahí quedó todo.

Con el dinero que recibió de la herencia de sus padres, Alicia decidió invertirlo en la casa que aun hoy, con 65 años no tiene. La mujer ya atravesó tres bypass y su hija se encarga de hacer el seguimiento de la causa en la justicia. “Mi mamá pagó todo. Eran alrededor de 90.000 dólares”, advirtió con dolor.

Aseguran que además de Bariloche, hay damnificados de Dina Huapi, Esquel, Villa La Angostura, El Bolsón, San Martín de los Andes y Junín de los Andes. El valor del metro cuadrado rondaba los 850 y 1.000 dólares.

Los damnificados aseguran que había diversos planes de financiación, con o sin interés. Una vez que la municipalidad aprobaba los planos, los plazos de construcción podían establecerse en 240 o 180 días, según cada caso. “Hace 10 años que la firma está en la ciudad y según dicen, ya había entregado unas 160 casas”, detallaron.

En un principio, la oficina funcionaba en la avenida Esandi pero a mediados del año pasado, empezaron a atender en una planta en la calle Henry Ford. “Cuando pasé a pagar la cuota, me dijeron que les estaba yendo tan bien, que necesitaban un lugar más grande. Un día, un conocido me dice que estaban vaciando el galpón. Pasamos y vimos que los exempleados estaban cargando cosas en unos autos”, advirtió Graciela.

Una de las afectadas se presentó ante la Fiscalía para radicar la denuncia y se encontró con ya había otras dos personas realizando el mismo trámite. Otras dos esperaban afuera. Así fueron vinculándose.

El fiscal Sergio Pichetto reconoció que desde la fiscalía pidieron diversas medidas de prueba para constatar si hay delito o no. “Hicimos varias reuniones con los vecinos para ponerlos al tanto. En esos encuentros, me plantearon agotar la instancia de conciliación penal”, planteó y advirtió que de todos modos, la causa sigue su curso.

A mediados de abril, al recibir las denuncias, la fiscal de turno Betiana Cendón dirigió un allanamiento en la oficina y el taller de la empresa, ubicados en el barrio Ñireco. También, allanaron el domicilio del empresario denunciado en el barrio Las Chacras, que se encontraba prófugo.

La jueza de Garantías Romina Martini dictó una orden de captura de Souza y dispuso el bloqueo de las cuentas bancarias. 

El 19 de abril, el empresario dejó un escrito en su cuenta de Facebook donde asegura que su “ausencia” fue en busca de “tranquilidad” y que tiene su empresa tiene un presente “fallido económicamente” por la crisis financiera, a la inflación y un conflicto sindical.

El 26 de abril, el empresario se presentó en fiscalía después de diez días de permanecer prófugo de la Justicia y fue liberado horas más tarde tras ser imputado por 32 casos de estafas.

El juez Martín Arroyo otorgó un plazo de un año para investigar si se trata de un caso por el delito de estafa y estableció como pautas de conductas del imputado que comparezca en fiscalía, que no debe alejarse a más de 200 kilómetros de Bariloche sin previa comunicación a la Justicia y definió una prohibición para salir del país.