Fracking y degradación institucional en Río Negro

COLUMNISTAS

En diferentes artículos y recientemente en un libro colectivo hemos venido argumentando que el fracking, por sus características inherentemente contaminantes, requiere de la flexibilización ambiental en sus controles estatales y de una gran laxitud normativa, tal como sucedió en Estados Unidos en la década pasada. En el 2005, cuando George Bush (h) era presidente, el Congreso de ese país aprobó una modificación de la Energy Policy Act, conocida como Enmienda Halliburton, a raíz del lobby ejercido por esa empresa, que se tradujo en la reducción en la capacidad reguladora de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) sobre los fluidos empleados en la fractura, avalando que no era necesaria su información. También se eximió a las compañías petroleras de los controles que establecían las leyes del Agua y el Aire Limpio, y el transporte y control de ciertos productos químicos.

En Argentina el desarrollo del fracking está atravesado por controversias no menores, convenios secretos con empresas transnacionales, leyes sancionadas de modo exprés por los diversos oficialismos, violación de derechos indígenas y accidentes minimizados o no reconocidos. En Río Negro, donde la explotación de hidrocarburos no convencionales avanza sin control entre plantaciones de frutales, el discurso oficial sobre el fracking consistió, primeramente, en negar que en Allen se hiciera fracking. Como esta mentira no pudo sostenerse, finalmente se reconoció que la extracción del tight gas en las chacras requería de “estimulación hidráulica”, esto es del fracking. Por esa razón, las autoridades y las empresas cambiaron el discurso y comenzaron a repetir dos cosas: por un lado, que en Río Negro existen controles del Estado provincial; por otro lado, que la fruticultura y la explotación petrolera son dos actividades compatibles. Sin embargo, estos dos discursos no tienen sustento alguno.

Veamos lo primero. Hace casi un año el gobernador Alberto Weretilneck realizaba un ajuste, excluyendo a numerosos funcionarios, entre ellos la subsecretaria de Medio Ambiente. Entre marzo y julio del 2014 se registraron dos explosiones en pozos de hidrofractura, en la zona de chacras de Allen. En la primera, miembros de organizaciones ambientalistas trataron de comunicarse con la subsecretaria de Ambiente, pero la provincia ya no tenía responsable en ese área. En agosto del 2014, Weretilneck nombró a la ingeniera Dina Migani al frente de la Secretaría de Medio Ambiente. Para muchos habrá pasado desapercibido, pero la nueva secretaria posee nada menos que una empresa familiar de “logística química” que promociona en su página web (www.quinpe.net) su cartera de clientes, entre los cuales hay varias empresas petroleras multinacionales que llevan adelante el polémico método extractivo de fracking en la provincia. La pregunta obvia de cualquier ciudadano es cómo el controlador puede controlar si entre su listado de clientes tiene a sus controlados… Esto no resiste el mínimo examen ético y obliga a analizar el tema a la luz del delito previsto en el art. 265 del Código Penal: “Negociaciones incompatibles con la función pública”.

Pero no es la primera vez que el gobernador Weretilneck incurre en decisiones tan groseras desde el punto de vista ético. Ya lo había hecho al nombrar como secretario de Minería al antropólogo Gustavo “Chenque” Ferreyra, quien unos meses antes de asumir su función se desempeñaba como gerente de relaciones comunitarias del Proyecto Navidad -Chubut- de Minera Argenta, subsidiaria de Panamerican Silver. Debido a las denuncias de organizaciones sociales, Ferreyra fue alejado del cargo, aunque ahora el kirchnerismo lo “premió” con un cargo directivo en la Universidad Nacional del Comahue…

El segundo eje del discurso oficial sostiene que fruticultura e hidrocarburos son actividades compatibles. Tamaña hipocresía sólo puede sostenerse por la indiferencia de la sociedad allense y el silencio sumiso de pequeños y medianos chacareros, al borde de la extinción, que hoy no tienen otra alternativa que la de acceder a un subsidio oficial para salvar el desastre de la cosecha (o más bien, de la “no cosecha”). La falsedad de este discurso aparece ilustrada no sólo por el avance territorial de la matriz hidrocarburífera sino también a partir de las decisiones adoptadas por el propio Ejecutivo municipal. Un ejemplo es lo ocurrido en la subasta de la exjuguera Millacó, instalada en el Parque Industrial de Allen.

Tal como lo recuerda la profesora de Historia Graciela Vega, de Proyecto Allen, la cooperativa frutivinícola Millacó, fundada en 1933, fue durante décadas la más grande del Alto Valle. La cooperativa entró en convocatoria en el año 2000 y en el 2003 pasó a remate, aunque fue en el 013 que dos de sus galpones serían rematados. En ese año, la Asociación de Horticultores se movilizó para frenar la acción y solicitar que el predio fuera declarado de utilidad pública. En sintonía con dicho pedido, la intendenta Sabina Costa anunció que acompañaría la declaración, para consolidar el proyecto del mercado concentrador de los horticultores. Sin embargo, el día de la subasta, según consta en el diario “Río Negro” bajo el título “Escandalosa subasta de la ex Millacó en Allen” (25/7/2013), “el lugar de ingreso estaba cerrado con candado y sólo unos pocos y privilegiados oferentes pudieron participar del remate, accediendo por un terreno lindero que pertenece a TSB, la misma empresa [petrolera] que ganó la compulsa”. La decisión política de la intendenta ya estaba tomada: privilegiar la actividad hidrocarburífera por encima de la horticultura y la fruticultura. Hoy ese predio es un denominado “almacén de no convencionales”, cuyos productos se aplican al fracking tanto en Allen como en Loma Campana.

En suma, la explotación de hidrocarburos no convencionales a través del fracking no sólo es sinónimo de contaminación ambiental y de reconfiguración territorial: su consolidación conlleva también, tal como lo muestran los casos reseñados en la provincia de Río Negro, una alarmante vuelta de tuerca del proceso de degradación política e institucional.

MARISTELLA SVAMPA (*) y ENRIQUE VIALE (**)

(*) Doctora en Sociología e investigadora principal del Conicet

(**) Presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas

MARISTELLA SVAMPA y ENRIQUE VIALE