Neuquén no informó sobre traslado de los basureros petroleros y debe pagar $ 30.000

Por no dar a tiempo información ambiental “adecuada y veraz” sobre las empresas Comarsa e Indarsa, la provincia de Neuquén perdió un amparo iniciado por el diputado Santiago Nogueira y deberá pagar 29.455 pesos más costas e intereses.

La demanda fue presentada el año pasado luego de que no se contestaran los pedidos de informe hechos por el legislador de Libres del Sur para saber si ambas firmas, que se dedican al tratamiento de residuos especiales, habían presentado sus planes de cierre definitivo. Según el decreto 2263 firmado por el exgobernador Jorge Sapag en 2015, debían trasladarse en un plazo de hasta dos años. Si bien la provincia planteó que había informado “debida y oportunamente lo reclamado” por el diputado, la jueza civil Alejandra Bozzano consideró que no dio respuesta al pedido de informes solicitado y tampoco acreditó que los datos faltantes hayan sido respondidos de manera personal en la comisión de Medio Ambiente de la Legislatura. “Se advierte que recién en oportunidad de contestar la presente acción se responden algunos de los puntos requeridos, lo que no satisface la manda constitucional de brindar información adecuada y veraz”, agregó. También indicó que no se le adjuntaron los expedientes solicitados por el diputado, sino “de manera parcial y sin especificaciones”.

“No era ni más ni menos que la posibilidad de acceder a información muy sensible para tener algún control del traslado de estas empresas, cuyo proceso es complejo. Fue todo un despropósito: haberse dilatado tanto el tiempo, tener que recurrir a un amparo e incurrir en estos gastos”, consideró Nogueira. El monto a pagar es por costas y honorarios profesionales.

La sentencia de primera instancia fue dictada en febrero de este año y condenó a la provincia a presentar toda la información en un plazo de dos días. El Estado apeló, pero la Cámara de Apelaciones Civil confirmó el fallo el 13 de octubre.

Nogueira aclaró que, tras la salida de Ricardo Esquivel como subsecretario de Ambiente y su reemplazo por Juan de Dios Lucchelli, hubo un cambio en la política de acceso a la información y pudo acceder más fácilmente a los datos solicitados. “Hemos estado permanentemente comunicados con la subsecretaría para ver cómo van los procesos”, aseguró. La ley 3044 garantiza a cualquier ciudadano la posibilidad de requerir información pública a los tres poderes del Estado sin invocar razones especiales.

“Era la posibilidad de acceder a información muy sensible para tener algún control del traslado de las empresas”.

Santiago Nogueira, diputado de Libres del Sur, sobre el pedido de informes.