Baquero podrá cubrir más de 100 cargos sin pasar por la Magistratura

La Procuración General podrá designar más de un centenar de funcionarios judiciales –con salarios de 65.000 a 70.000 pesos– con la nueva estructura del Ministerio Público, fundada en la Reforma Procesal.

Ante su implementación a partir de agosto, la Procuradora Silvia Baquero dictó una resolución de reformulación del ministerio, creando el cargo de “asistentes letrados” para “asistir a los fiscales”, con rango de secretario de juzgado. Así, el nuevo puesto promete un haber cercano a los 70.000 pesos.

Ayer, miembros del Consejo de la Magistratura advertían que la Procuradora se excedía en sus funciones. Por caso, los secretarios son nombrados por ese cuerpo y aludía a un antecedente cuando ya se la restringió en nombramientos de fiscales adjuntos, fijando –con cambios en la ley 4.199 del Ministerio Público– que esa facultad correspondía exclusivamente al Consejo, integrado por legisladores, representantes de abogados y de la Justicia.

La reforma Procesal Penal asigna labores más activas al ministerio público, que ceden los juzgados y el personal de los tribunales –que rondan los 200– será reubicado, salvo 53 que ya aceptaron su transferencia a la Procuración.

Con la resolución Nº 350, Baquero modifica la estructura aunque aclara que “debe ser ideada en un marco ideal y su implementación gradual, organizada y planificada”, considerando “en la primera etapa la coexistencia de los modelos mixto y acusatorio, circunstancia que justifica la reprogramación”. Además, la reorganización comprende división “de las unidades fiscales en las áreas específicas de su incumbencia con un fiscal a cargo” frente a “la creciente necesidad de una mayor especialización, fundamentalmente en materia de violencia de género, violencia doméstica y delitos contra la integridad sexual”.

La normativa también crea el cargo de “asistente letrado” frente al “cúmulo del trabajo, necesidad de maximizar la calidad y la celeridad en los procesos. Sus funciones principales –agrega– serán asistir a los fiscales brindando apoyo técnico y operativo en el lugar del hecho”, pedir “informes y documentación a todo tipo de organismos, efectuar las diligencias” y “toda otra cuestión requerida por el fiscal”.

El organigrama formalizado prevé 23 “asistentes letrados” en cada una de las “cabeceras” (Viedma, Roca, Bariloche y Cipolletti) y otros 3 en la Ofavi central. Además, se establecen 7 para las fiscalías en Regina, Choele Choel y San Antonio, y dos para las descentralizadas de Río Colorado, Allen, El Bolsón, Jacobacci, Cinco Saltos, Catriel y Sierra Grande. Esas previsiones equivalen 130 asistentes letrados.

Otra figura incorpora la normativa de la Procuración. Se trata de “profesionales especializados”, cuya rango será el equivalente a un jefe de Despacho, de remuneraciones por encima de los 50.000 pesos. Los mismos –explica la resolución– “serán asignados a las Oficina de Atención a la Víctima” para asistir a los damnificados y, “eventualmente, su patrocinio si decide constituirse en querellante, siempre que por su situación de vulnerabilidad corresponda la asistencia de la defensa pública”

“La reorganización comprende división de las unidades fiscales en las áreas específicas de su incumbencia con un fiscal a cargo”.

“El cargo de asistente letrado se crea frente al cúmulo del trabajo, necesidad de maximizar la calidad y la celeridad en los procesos”.

Argumentos de la resolución de la procuradora Baquero.

Fiscales y policías

La relación funcional de fiscales y uniformados es un tema central para la Reforma Procesal. Por eso, se cumplen jornadas de “capacitación y debate” entre ellos para determinar los criterios del nuevo vínculo operativo.

El miércoles se realizó una reunión en Viedma y hoy se repetirá en Choele Choel.

El encuentro capitalino incluyó la experiencia de policías neuquinos de su función en la investigación relacionada con las causas judiciales.

Contaron también su “reestructuración del personal para abordar las diferentes situaciones delictivas con roles específicos y las metodologías aplicadas en la investigación de delitos graves contra las personas”, destacando “el trabajo en equipo. En la ocasión, la procuradora Silvia Baquero adelantó “cómo será la estructura” del ministerio Público, insistiendo que “será de implementación gradual”.

La cifra