Las reformas procesales

Es habitual que en las encuestas de opinión el funcionamiento del Poder Judicial, y en particular de las agencias del sistema penal, figure con una imagen entre regular y mala. Esa percepción se vincula con diversos factores, entre los que podemos mencionar la poca transparencia en el mecanismo de toma de decisiones, lo que alimenta la desconfianza.

Puede alegarse que detrás de esa imagen negativa se mezclan ingredientes que enturbian el resultado de las encuestas, como prejuicio y desconocimiento de parte de los entrevistados. Pero también es válido preguntarse cuánta responsabilidad propia tiene el Poder Judicial por su proverbial negativa a abrirse al escrutinio de la comunidad y mantenerse tan cómodo en sus ritos y lenguaje propios, a veces incomprensibles para el resto de los mortales.

En síntesis, en la percepción general, el Poder Judicial es un lugar oscuro en el que se resuelven cosas a espaldas del ciudadano, entre personas que manejan un código en común pero que sólo a ellas les pertenece. Y desde hace un tiempo es más evidente otro factor: su permeabilidad a las presiones políticas.

Democratizar el Poder Judicial es una tarea que, a lo largo de los años, se ha emprendido con mayor o menor entusiasmo según las urgencias de la época. El poder político, que tiene una relación ambigua pero nunca distante con la Justicia, embiste, negocia y retrocede según su conveniencia y su relación de fuerzas. Alienta las reformas o le pone el freno de acuerdo con su capacidad de influir en los resultados.

Como remedio para intentar que retroceda esa oscuridad imperante en el Poder Judicial se receta la reforma procesal penal, es decir, cambiar el manual que utilizan los operadores judiciales para investigar y juzgar por otro más transparente, de modo que la ciudadanía tenga un mayor acceso a ese mundo hasta ahora impenetrable salvo para los entendidos en la materia.

Las provincias han avanzado en los últimos años y con ritmo diferente en esa dirección. Han implementado nuevos códigos procesales que respetan similares principios básicos: la investigación pasa a manos de los fiscales, el juez es garante de proceso y –muy importante– las incidencias se resuelven en audiencias públicas. Desaparece el expediente y el trámite escrito queda reducido a su mínima expresión, de modo tal que todo el que esté interesado puede acudir y enterarse en forma directa de cómo y por qué se toman las decisiones. Algunos distritos incluso se pusieron al día con la manda constitucional e implementaron el juicio por jurados para ciertos delitos, como es el caso de Neuquén en nuestra región.

Además de la democratización que implica la publicidad de las audiencias, los promotores de las reformas penales suelen argumentar que con los nuevos códigos procesales se resolverán con mayor rapidez los casos criminales.

Es cierto, pero sólo en parte. Como muestra de la velocidad del sistema se le ha dado amplia difusión a casos en los que se llegó a la sentencia en el día, cuando con el sistema anterior se hubieran demorado meses, la mayoría de ellos perdidos con papeleo insustancial. Pero cuidado: se trata de casos sencillos, de flagrancia. Y la celeridad en sí misma no es un valor.

Hay otros motivos para ser pesimistas. La investigación de delitos complejos no tendrá un cambio sustancial, por más nuevo Código Procesal Penal se instrumente. Esto se debe a numerosos factores: en las llamadas causas por corrupción, las múltiples maneras con las que cuenta el poder político para influir seguirán teniendo un peso que no puede despreciarse.

En los delitos contra las personas o la propiedad, la falta de preparación de la policía, su escasez de medios, cuando no las sospechas de complicidad con organizaciones criminales, convierten a la ecuación nuevo código = más seguridad en una ilusión.

Por supuesto que es bienvenida la mayor transparencia que significan audiencias públicas para resolver lo que antes se decidía entre cuatro paredes. Pero para que las luchas contra el delito y la corrupción sean verdaderamente eficaces hace falta mucho más que un cambio en las formas.