Paritarias en cortocircuito

Todos los años hay cortocircuitos en el arranque de las negociaciones salariales en paritarias. Pero a la habitual tensión que provoca la danza de porcentajes pasados y futuros de ajustes se agregan en el 2018 ingredientes político-judiciales, con varios gremialistas presos tras amasar enormes fortunas personales y el duro enfrentamiento entre la Casa Rosada y Hugo Moyano por negocios turbios de empresas presuntamente vinculadas al líder camionero, que ya provocaron la enésima fractura de la CGT y la consabida división de sus dirigentes entre “duros” y “dialoguistas”.

Por si fuera poco, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central arrojó a fin de enero una suba de dos puntos (de 17,4 a 19,4%) en las proyecciones inflacionarias para este año calculadas por medio centenar de consultoras, algunas de las cuales las elevan hasta 22/23%. Poco que ver con la intención oficial de ubicar las expectativas en 15% (tras haber desechado el irreal rango del BCRA de 8/12%) y utilizarlas como “ancla” para salarios e inflación.

Por lo pronto, el primer cuatrimestre se perfila para cerrar con una suba del IPC del orden del 7% –casi la mitad de la nueva meta–, debido al alza del dólar y la superposición de aumentos en combustibles, prepagas, celulares, cigarrillos, electricidad, gas, colegios privados y, en Capital Federal y Gran Buenos Aires, tarifas de colectivos, trenes y peajes. En el resto del año la inflación debería desacelerarse a 0,6% mensual para cumplir esa meta.

La división de la dirigencia sindical ya estaba a la vista antes de que Moyano convocara a la marcha de protesta para el jueves 22 de febrero en Plaza de Mayo, con el apoyo de las dos ramas de la CTA y un puñado de gremios. No sólo porque los “gordos” –entre ellos la UTA– tomaron distancia y deslizaron que el titular del gremio de Camioneros buscaba frenar los procedimientos judiciales que lo involucran y, además, salvar de la quiebra a OCA, la empresa de correo privado que es sponsor del Club Independiente y a la que la AFIP acaba de aprobarle un régimen de facilidades de pago. También porque ya se habían abierto otras grietas en torno de la reforma laboral acordada con el ministro Triaca y la propia negociación de paritarias.

De hecho, el gremio mercantil -el de mayor número de afiliados y que desde hace décadas conduce Armando Cavalieri– acordó con las entidades empresarias ajustes salariales de 2% mensual para enero, febrero y marzo como recuperación de la pérdida sufrida con el 20% del 2017.

Y “tomó nota” del ofrecimiento patronal de una suba de 15% en dos tramos para este año, sin mención hasta el momento de cláusulas gatillo. Prácticamente, el mismo esquema que buscaba aplicar la Casa Rosada.

En el otro extremo se ubica el gremio bancario, cuyo titular Santiago Palazzo lanzó un paro nacional para el viernes 9 (antes del feriado largo de Carnaval) y otro el 19 y 20 de febrero tras considerar “una burla” la oferta de un aumento salarial de 9%. Sin embargo, las cuatro asociaciones de bancos (Adeba, ABA, ABE y Abbapra) replicaron en un comunicado conjunto que dicho aumento es retroactivo a enero para luego ir ajustándose por inflación y que este punto “fue omitido en todas las comunicaciones realizadas por el sindicato”, que reclama una suba base de 19,5%.

Aun así, no precisan cómo se aplicaría la cláusula gatillo (que podría ser mensual), pero sí que los trabajadores bancarios no afiliados incrementaron desde enero su remuneración neta al suprimirse la retención y pago del aporte solidario de 1% a la Asociación Bancaria, que implica más de $ 500 millones al año.

Por el flanco oficial las cosas tampoco están demasiado claras. Antes de que se destapara el escándalo que debilitó al ministro Triaca, la postura era no homologar este año cláusulas de indexación automática. Después, que podrían ser reemplazadas por mejoras de productividad (por ejemplo, menos ausentismo). Y ahora por cláusulas de indexación periódica o bien de revisión posterior de salarios, siempre que el piso de aumento anual ronde el 15/16%.

Mientras se define este elemento de negociación, el comienzo de las clases en marzo está en duda en más de la mitad de las provincias, a la espera del caso testigo que todos los años significa el distrito bonaerense, donde la paritaria aún no fue convocada. Tampoco es el único problema. Los gremios docentes rechazan que la paritaria nacional haya sido reemplazada por el ajuste automático de 12% sobre el salario mínimo vital (que hasta junio equivaldría a $ 10.640 mensuales) y también el alza de 15%, al que algunas jurisdicciones (como Tierra del Fuego, Chubut o Santa Cruz, donde el año último se perdieron 115 días de clase) no podrían hacer frente. Paralelamente, varios gobernadores no lograron que la ley de consenso fiscal fuera aprobada por sus legislaturas, sin lo cual se demora el giro de fondos nacionales. Este cortocircuito podría extenderse así al resto del sector público provincial, pero luego a no pocos sectores privados, donde los ajustes salariales del 2017 se ubicaron igual o por debajo de 20% frente a una inflación de 24,8%.

A la habitual tensión por la danza de porcentajes de ajustes, este año se agregan ingredientes político-judiciales, como el procesamiento de varios sindicalistas y el caso Triaca.