Los usuarios del transporte podrían tener voz y voto

Al mismo tiempo que se reavivó el debate sobre la tarifa del transporte urbano, el Concejo Municipal volvió a colocar en agenda el proyecto de ordenanza que propone incorporar la participación comunitaria en la comisión de seguimiento de ese servicio y que estuvo cajoneado durante varios meses.

Hasta ahora esa comisión sólo tiene dos representantes del Ejecutivo municipal, dos concejales, uno de la empresa Mi Bus y otro del gremio UTA.

La iniciativa presentada por la concejal opositora Ana Marks en noviembre de 2017 no había generado entusiasmo alguno entre sus pares de JSB (que tienen mayoría) y recién cobró impulso en el último mes, cuando comenzó a ser tratada en la comisión de Tránsito y Transporte.

Marks pretende que el seguimiento del servicio que presta Mi Bus también tenga participación de las diferentes franjas de usuarios. Su proyecto prevé sumar un tercer concejal y además reserva un lugar extra para las personas con discapacidad, otro para los estudiantes y dos para referentes sociales electos en la “intermesa de concertación barrial”, que está creada por ordenanza.

Marks dijo que el intento inicial de avanzar con la incorporación de representantes de la “sociedad civil” chocó con el rechazo del oficialismo, que repitió una y otra vez el argumento de que su voz en la comisión era la que llevaban los concejales. Pero ahora tendrían mayor disposición a discutir ese punto.

Según Marks, en la última reunión de la comisión de Tránsito del Concejo estuvo presente el Jefe de Gabinete Marcos Barberis y no expresó una negativa cerrada. Pidió tiempo para dar una respuesta.

La concejal del FpV dijo que negar la participación de los vecinos y usuarios sería un contrasentido. Explicó que en el municipio funcionan 24 foros, entes y consejos creados por ordenanza y casi todos tienen participación comunitaria, además de los funcionarios que los integran.

Señaló también que los cambios propuestos surgieron después de ver la gestión actual de la comisión de transporte, “que no rinde cuentas, es imposible acceder a las actas y no contesta los pedidos de informes”.

Marks dijo que la actuación de ese organismo de contralor fue hasta ahora “muy condescendiente” con la empresa Mi Bus y mostró “absoluta tolerancia con los incumplimientos”.

Interés público

En los fundamentos del proyecto se subraya que asegurar la participación en la comisión de seguimiento de Mi Bus “es un tema central de interés público”, lo mismo que “otorgar transparencia a los actos que involucran al Estado”.

Marks refirió que la necesidad de sumar a los usuarios “vuelve a quedar en evidencia con el nuevo proceso de revisión de la tarifa”, ya que la comisión sería la encargada no sólo de estudiar posibles cambios en recorridos y frecuencias.

Como dice el proyecto, también debería ocuparse de “mantener inalterada la ecuación económico financiera del contrato (de transporte), realizando el control y seguimiento de la documentación respaldatoria de los costos (…) y efectuar las revisiones de tarifas vigentes”.

La propuesta buscaría terminar con una supuesta “excesiva condescendencia” para con la prestadora del servicio urbano de colectivos.

Representatividad