Ambientalistas enojados con Icare

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Ambientalistas y vecinos autoconvocados hicieron pública su indignación por las demoras de los gobiernos municipal y provincial para poner en vigencia el convenio de Planialtimetría, definir la línea de ribera en lagos y arroyos y liberar los sectores públicos invadidos.

La puesta en práctica del estudio del Departamento Provincial de Aguas, que estableció la línea de costas el año pasado, depende de la firma de un decreto provincial y la ratificación posterior de Parques Nacionales.

Los ambientalistas y vecinos que, a principio de mes, reclamaron una definición urgente al intendente Alberto Icare se quejaron por el incumplimiento y exigieron "la firma inmediata de dicho decreto, que permitirá la aplicación del convenio de Planialtimetría y la cota determinada en el mismo".

"Obtuvimos el compromiso por parte del Intendente de que el decreto reglamentario para la delimitación de las líneas de ribera sería firmado por la gobernación en el transcurso de esa semana. Han transcurrido ya más de dos semanas, y a pesar de nuestros llamados y nuestro reclamo, seguimos sin respuesta", denunciaron.

"Nos engañaron una vez más", enfatizaron la APDH, la Comunidad del Limay, el Foro de Vecinos de Bariloche, la junta vecinal Costa del Sol, Lihué, Piuké y las agrupaciones de vecinos autoconvocados del Lago Gutiérrez y de Bahía Serena.

Por otra parte, las agrupaciones advirtieron que mientras se demora la firma del decreto "la comunidad de Bariloche sigue sin tener en claro la delimitación del espacio público y el privado" y " no puede circular libremente por las costas, ya que están ocupadas".

Además, señalaron "el avance de construcciones y cercos que invaden espacios públicos", la oferta inmobiliaria de propiedades con costa "como si ésta fuera privada" y la ocupación de los accesos públicos a la costa.

La semana pasada las autoridades del Parque Nacional Nahuel Huapi y el Concejo Municipal local se comprometieron a trabajar en la delimitación de los límites lacustres y espacio públicos, la instrumentación de una política común para regular el uso de muelles y la creación de nuevos balnearios.

Pero para avanzar en el tema necesitan legalizar y poner el práctica los estudios técnicos realizados por el DPA.