No se equivocaba del todo el ministro de Defensa, José Pampuro, cuando afirmó que “el clima se ha ido enrareciendo” en los días previos al inicio formal de la campaña electoral, pero el responsable principal del cambio así supuesto no es Eduardo Duhalde ni los piqueteros, que están activos desde hace años sin que el gobierno haya pensado en obligarlos a respetar la ley, sino el propio presidente Néstor Kirchner que, día tras día, acusa a sus adversarios de haber arruinado el país. Hasta ahora, los blancos de las arengas e insultos presidenciales han reaccionado con relativa suavidad, lo que fue una suerte porque de lo contrario el país hubiera sido un aquelarre a partir de mayo de 2003 cuando Kirchner comenzó sus ataques verbales contra diversos individuos y sectores, pero parecería que la tregua así supuesta está por terminar. Ya que Kirchner acaba de denunciar a Duhalde, Carlos Menem y Luis Patti de estar detrás del “pacto oculto de desestabilización” que según Cristina Kirchner está provocando desgracias en todo el país, pero especialmente en la provincia de Santa Cruz, sorprendería que el trío no reaccionara con virulencia comparable.
Huelga decir que, en una democracia normal, el que los opositores trataran de “desestabilizar” a un gobierno con el propósito de desplazarlo no debería escandalizar a nadie con tal de que se limitaran a emplear los medios considerados legítimos. Al fin y al cabo, es lo que hacen todos los líderes políticos occidentales cuando están en el llano. Según el presidente Néstor Kirchner y su esposa, empero, quien fue su padrino, Duhalde, el ex presidente Menem y el intendente de Escobar Patti se han confabulado con piqueteros antidemocráticos para crear un clima de violencia con el propósito, se supone, de convencer al electorado de que el gobierno no está en condiciones de manejar el país.
De estar en lo cierto los Kirchner, el país está por entrar en una etapa convulsiva en la que una parte sustancial del movimiento peronista utilizaría a los piqueteros para debilitar a un gobierno constitucional, repitiendo así las maniobras que culminaron con la caída del presidente Fernando de la Rúa e, irónicamente, permitieron que Duhalde primero y después Kirchner se instalaran en la Casa Rosada. Sin embargo, si bien Duhalde, Menem y Patti no tienen muchos motivos para simpatizar con Kirchner, hombre que los ha tratado con extrema agresividad, esto no necesariamente quiere decir que estén dispuestos a violar las reglas democráticas en un esfuerzo por derribarlo. Convendría, pues, que los Kirchner respaldaran sus afirmaciones tajantes acerca de un hipotético “pacto desestabilizador” con un poco de evidencia concreta. Si no lo hacen, la ciudadanía podría llegar a la conclusión de que sólo se trata de un intento más por parte de Kirchner de convencerla de que él y su esposa son los únicos capaces de defenderla contra sus enemigos “neoliberales”, menemistas, duhaldistas, piqueteros y otros representantes de un mundo que según parece le es irremediablemente hostil.
Desde el día en el que supo que sería el próximo presidente de la República, Kirchner procura “construir poder” atacando con vehemencia excepcional al FMI, a los acreedores que se resistieron a ser esquilmados, a los militares, a muchos empresarios, a los economistas “ortodoxos”, al diario “La Nación” y a los jueces que fueron nombrados por Menem, además de una proporción cada vez mayor del resto de la clase política nacional. Es posible que en algunos casos los blancos de su furia hayan merecido ser criticados por su trayectoria, aunque Kirchner no tiene la autoridad moral para hacerlo, pero ocurre que ningún presidente en ningún país que no sea una dictadura puede darse el lujo de crearse tantos enemigos como ya ha hecho. Por cierto, a esta altura los muchos que se sienten agraviados por el santacruceño no tendrían necesidad de aliarse formalmente si lo que quieren es “desestabilizarlo”. Les sería más que suficiente actuar como harían sus equivalentes de todos los países democráticos que en circunstancias equiparables asegurarían que el Poder Legislativo trabara las iniciativas del Ejecutivo e insistirían en que éste respetara la Constitución nacional, negándole la facultad de gobernar mediante aquellos decretos de emergencia y urgencia.