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Luego de dar a entender que en verdad fue obra del presidente Néstor Kirchner aquel fallo de la Corte Suprema que sirvió para anular las leyes del perdón impulsadas por el ex presidente Raúl Alfonsín, el gobierno se ha puesto a presionar a la Justicia para que encuentre una forma de derogar los indultos que fueron dictados por el ex presidente Carlos Menem. Aunque es posible que el gobierno logre su propósito, no le será nada fácil hacerlo sin que la Corte vulnere lo que es, al fin y al cabo, una prerrogativa constitucional, lo que con toda seguridad sería el caso si, como algunos han sugerido, a Kirchner se le ocurriera “desindultar” por decreto a los beneficiados por la medida menemista.
Otra dificultad desde el punto de vista del gobierno consiste en que entre los indultados están cabecillas terroristas que cuentan con la simpatía de los más interesados en castigar a los militares. Para resolverla, el ministro de Justicia, Horacio Rosatti, distingue entre los delitos graves perpetrados en el contexto del terrorismo de Estado, que son imprescriptibles, y los del terrorismo privado, por decirlo así, sobre todo cuando se trata del “derecho de resistencia a la opresión contra un gobierno de facto”. Si bien tal distinción parece ser jurídicamente legítima, su aplicación tendría un impacto político negativo porque a juicio de muchos serviría para confirmar la impresión de que lo que el gobierno realmente quiere es reivindicar a los terroristas y humillar a las Fuerzas Armadas, a pesar de los esfuerzos de los jefes que sucedieron a los comandantes del Proceso por reconciliarse institucionalmente con el resto de la sociedad. En vista de las muchas complicaciones no sólo legales y constitucionales sino también políticas que se ven planteadas por la idea de derogar los indultos, sería mejor dejarlos como están, aunque de quererlo Kirchner podría pedirle a la Corte Suprema considerar la conveniencia y la posibilidad de eliminar de una vez la anacrónica potestad presidencial de perdonar a los ya condenados por los jueces como si fuera una especie de monarca absoluto.
De todos modos, con pocas excepciones, los militares que fueron indultados por Menem son ancianos sin influencia que a esta altura no están en condiciones de perjudicar a nadie. Por lo demás, los más notorios ya saben que pasarán lo que les queda de su vida bajo arresto domiciliario porque están siendo juzgados por crímenes que no fueron cubiertos por los indultos. Ya que nuestro sistema judicial se caracteriza por su extrema lentitud, en términos prácticos reabrir las causas cerradas por Menem no cambiaría mucho.
Puesto que el Proceso terminó más de veinte años atrás y mucho tiempo ha transcurrido desde que Alfonsín, respaldado por el Congreso, promovió las “leyes del perdón” y Menem sorprendió a todos anunciando los indultos, es comprensible que muchos se hayan preguntado por los motivos del gobierno para resucitar un tema que hasta hace muy poco se creyó propio de una época felizmente superada. La única respuesta convincente a este interrogante es que tiene que ver con la campaña electoral. Con razón o sin ella, los kirchneristas parecen creer que los beneficiaría que se reanudaran los viejos debates acerca de lo que sucedió en la segunda mitad de los años setenta y en los primeros de los ochenta, lo que, suponen, les permitiría figurar como defensores heroicos de los derechos humanos y obligaría a sus adversarios de “la derecha” y también a los radicales a cumplir el papel ingrato de simpatizantes del régimen militar. De ser así, se trataría de una maniobra que podría resultarle riesgosa en una etapa en la que muchos se sienten preocupados por la inseguridad ciudadana que a menudo atribuyen a la permisividad oficial y, en especial, por la combatividad de los piqueteros y sus auxiliares de la extrema izquierda cuya afinidad con las organizaciones terroristas de los años setenta es innegable. Si antes de las elecciones se producen demasiados escándalos imputables a los piqueteros oficialistas o se da una serie de crímenes violentos equiparables con los que convirtieron, aunque fuera de manera pasajera, a Juan Carlos Blumberg en un referente popular facultado informalmente para dictar nuevas leyes, la militancia revisionista del gobierno le resultará contraproducente.