Rio Negro ON LINE

Con precisión extraña, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) acaba de informarnos que en el último cuatrimestre del año pasado la cantidad de trabajadores en negro subió del 47,7 por ciento al 48,9 por ciento de los asalariados. Asimismo, se estima que el ingreso promedio de los trabajadores informales es de 317 pesos mensuales. Parecería, pues, que las autoridades saben muy bien dónde están dichos trabajadores y cuánto ganan, porque de otro modo no podrían abrumarnos de índices es de suponer confiables acerca de su ubicación y el dinero que reciben, pero que no están en condiciones de hacer nada más. ¿Por qué? La única respuesta posible es que el Estado es tan inoperante que a pesar de poseer la información necesaria es incapaz de desempeñar otro papel que aquel del espectador que observa con interés ciertos fenómenos sin hacer el menor intento de incidir en ellos.
El trabajo en negro es normal en virtualmente todos los países del mundo porque es imposible registrar todas las transacciones en las que a cambio de una suma de dinero una persona, que a menudo será un familiar o un miembro del mismo grupo étnico, cumple una tarea por lo común menor. Sin embargo, los intentos de cuantificarlo son por naturaleza arbitrarios, razón por la que es habitual redondear las cifras o hablar de “entre el diez y el veinte por ciento” del total. Aquí, en cambio, es rutinario que el INDEC difunda estadísticas tan detalladas que no pueden ser calificadas de meramente conjeturales. Por el contrario, en todos los distritos del país se da a entender que sabe con exactitud milimétrica la cantidad de trabajadores en negro en un momento dado. Puede que sólo se trate de una variante del realismo mágico, este género favorito de los políticos y funcionarios locales, lo que de por sí sería peligroso porque la política gubernamental se basa en los guarismos así producidos. O puede que nos hayamos acostumbrado tanto a la idea de que el Estado existe para beneficiar a los estatales que sería absurdo suponer que le corresponda actuar a fin de remediar una situación que todos dicen lamentar.
Según la secretaria de Trabajo Noemí Rial, es lógico que el empleo en negro haya aumentado por “cuestiones estacionales”, de suerte que no hay por qué preocuparse. Por su parte, el jefe cegetista Hugo Moyano culpa al gobierno que, en su opinión, no tiene la voluntad de controlar a los empresarios. En este pequeño enfrentamiento el camionero lleva las de ganar, pero no es cuestión sólo del Ministerio de Trabajo, el que, como tantas otras reparticiones del gobierno, flota por encima de la realidad nacional, sino de la ineficacia asombrosa pero ya tradicional de las instituciones públicas del país. Aunque desde hace décadas es evidente que buena parte de los problemas nacionales se debe a la brecha que separa a dichas instituciones de lo que efectivamente sucede en la sociedad, es muy escaso el interés del gobierno en tomar medidas necesarias para que sirvan a la ciudadanía en su conjunto, no sólo a los que gracias a sus vínculos con políticos, sindicalistas o burócratas dependen de ellas por sus ingresos.
Que a inicios del año el “48,9” por ciento de los trabajadores estuviera en negro es sin duda escandaloso. Más escandaloso aún, empero, es el hecho de que a través de los años una proporción cada vez mayor de los empleados haya salido de la economía oficialmente registrada, la blanca, para refugiarse en la negra donde las únicas reglas vigentes son las propias del capitalismo más rudimentario en el que absolutamente todo se ve determinado por la ley de la oferta y la demanda, los contratos son papel mojado y las “conquistas” imaginadas por políticos y sindicalistas son a lo sumo virtuales. Es más: puesto que tal y como están las cosas parecería que en el transcurso de la gestión del presidente Néstor Kirchner se descubrirá que más de la mitad de los trabajadores del país está en negro, cualquier historiador objetivo del período así supuesto tendría que llegar a la conclusión de que los gobiernos peronistas que sucedieron al encabezado por Fernando de la Rúa se las ingeniaron para hacer de la Argentina uno de los países más “neoliberales” del planeta, uno en el que la mayoría de los empleados dependió por completo de las vicisitudes del mercado sin contar con la protección hipotéticamente brindada por la ley.