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Nuestra inseguridad
La contundente manifestación frente al Congreso de la Nación -con el caso Blumberg como estandarte- para reclamar acciones concretas contra la inseguridad marcó el pulso de la relación entre los vecinos comunes y los encargados de prevenir y sancionar el delito durante la semana pasada. Con movilizaciones en distintas provincias, el país dijo "basta" a la laxitud del sistema judicial y los errores -por carencia de formación o real intención- dentro de las fuerzas policiales. Así fue que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, principal destinatario de las protestas, acusó el golpe y declaró el estado de emergencia de seguridad. Por su parte, el Congreso tratará el miércoles proyectos de leyes urgidos por el clamor social de penas más severas para los delincuentes. En tanto, se anunció el lanzamiento de un plan nacional de seguridad y este es el punto a analizar aquí, en Río Negro, en Roca. Claro que el clima de conflictividad social del Alto Valle no es similar al que se respira en el conurbano bonaerense. Sin embargo, la inseguridad no se mide por la mayor o menor cantidad de delitos. Es una sensación, surgida de la alteración de las características habituales de un lugar vía hechos ilegales que afectan la integridad de sus habitantes. En este sentido, abril es un mes a tener muy en cuenta en el Alto Valle y sería una buena idea aprovechar la decisión de articular un plan nacional para avanzar aquí sobre las cuentas pendientes en materia de límites al accionar delictivo. ¿Qué ocurre en abril? Según datos recabados entre fuentes policiales, el número de delitos contra la propiedad crece, al igual que la población carcelaria en la alcaidía roquense. Es cierto que el fenómeno se produce una vez que termina la temporada de cosecha y el índice de ocupación laboral ingresa en una pendiente, pero antes de sacar conclusiones ligeras debe consignarse que la controversia acerca de la incidencia directa del desempleo en el aumento del delito no está resuelta y existen diversos estudios que avalan o rechazan tal hipótesis. "La interpretación económica del delito suele sufrir de dos problemas: uno común a los estudios de todas las latitudes y otro de carácter local. En general hay un riesgo de "falacia ecológica", es decir, la extrapolación de relaciones válidas en un nivel macro para utilizarlas como explicación de hechos individuales. Más concretamente, presuponer que una eventual correlación entre desempleo y delito en un período dado signifique necesariamente que sean los mismos desempleados los que delinquen", explica Gabriel Kessler, sociólogo e investigador del Conicet. Ante estas divergencias, la mayoría de los analistas prefiere hablar de un "consenso de duda". Y ante ese principio de duda y la certeza de que desde este mes los hechos delictivos aumentan es que deben implementarse rápidas acciones para evitar que en Roca y el Alto Valle la inseguridad haga pagar altos precios a la comunidad. A nivel local, Roca debería acelerar los pasos hacia la conformación de un consejo de seguridad local, fomentando la participación comunitaria, siempre preservando el equilibrio de las responsabilidades que Estado, organizaciones intermedias y vecinos tienen. Durante la anterior gestión municipal se intentó crear el ámbito, pero el proyecto naufragó. Ahora hay un nuevo interés por constituirlo y dejar de ocupar el despoblado lote de comunas que aún no cuentan con un espacio interinstitucional para debatir políticas de seguridad. Ahora bien, la efectividad del consejo local de seguridad estará relacionada con la firme decisión de los poderes del Estado provincial para cumplir con sus obligaciones. En este sentido, uno de los principales puntos a resolver tiene que ver con la "policía administrativa", es decir los agentes que relegan la prevención para cumplir con citaciones y diversos trámites del Poder Judicial. Durante una reunión de la que participaron varios jefes policiales, días atrás, se estimó en un 25 por ciento a los efectivos dedicados a la burocracia. Por su parte, la misma policía se quejó de los funcionarios que emanan órdenes desde atrás de un escritorio y no participan activamente de los procesos de investigación. La lista de dificultades podría seguir extendiéndose, según a quién se le preste el oído. Por lo tanto, está claro que el debate por la seguridad debe agilizarse en una de las ciudades más pobladas de la provincia, sede de la Segunda Circunscripción Judicial y con una cárcel superpoblada. Pocos dudan que abril marcará un crecimiento del delito en el Alto Valle. Por eso sería positivo dejar de mirar al lado en busca de responsables, admitir que en cada eslabón se cometen errores y abrir el camino al diálogo para evitar que pronto se repita aquí el clamor social de la semana pasada en el Congreso.
Hugo Alonso
halonso@rionegro.com.ar
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